La relación financiera entre la Nación y las provincias pasa en estos días por su peor momento. Un informe de la Auditoría General de la Nación da cuenta de que la deuda de la mayoría de los distritos -grandes o medianos- ya consume casi 50% de los fondos que éstas reciben por coparticipación. Es la muestra más clara del fracaso de la Ley de Responsabilidad Fiscal que los gobernadores firmaron con la Nación en 2005.

La situación se complica porque, además de haber superado el límite máximo de endeudamiento comprometido, la mayoría de ellas hoy muestra un déficit fiscal que muchas arrastran sin solución desde 2001.

En el programa de financiamiento ordenado que Néstor Kirchner terminó de firmar con las provincias para aliviar la carga de una deuda que hacía inviable sus economías se acordó un límite de hasta 15% de los ingresos que recibían por coparticipación de impuestos nacionales para imputar al pago de sus deudas. Paralelamente, los saldos quedaron garantizados con cuatro series de bonos que hoy cotizan por debajo de la paridad que la AGN tomó como referencia en 2007, por lo que la situación sería incluso más grave que la expresada en el informe sobre deuda conocido ayer.

Responsabilidad fiscal

De acuerdo con la Auditoría, la mayoría de las provincias tendrá sus ingresos comprometidos por más del doble de lo permitido en ese acuerdo hasta por lo menos los años 2017 y 2020. De hecho, el límite se viene incumpliendo desde el mismo momento en que firmaron el plan con la Nación, aunque nunca se les aplicaron las sanciones que se habían establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero como explica la AGN, la cuestión no es ya la aplicación de sanciones sino que está en juego la sustentabilidad del pago de esas deudas de provincias que están altamente comprometidas.

Así, el organismo es concluyente en cuanto a la evolución de los niveles de deuda sobre los ingresos por coparticipación en el futuro para algunas provincias: «En el caso de los servicios para cuyo honramiento existe un límite de afectación de la coparticipación de 15%, sería necesario ejecutar la garantía subsidiaria de la Nación otorgada a las jurisdicciones de Neuquén y Río Negro en el período 2014-2017».

En el resto del país la situación no es mejor: muchas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Misiones y Formosa tienen afectado al menos 30% de los montos que reciben por coparticipación entre 2007 y 2008, y en otras los períodos se extienden hasta 2015, como Buenos Aires, 2017 y 2020.

El problema principal, de todas formas, aparece en el corto plazo: los bonaerenses y rionegrinos, por ejemplo, tienen condicionado casi 50% de sus ingresos por impuestos coparticipables este año y en el mediano plazo esos montos no bajarán de 35%.

El escenario es complicado si se tiene en cuenta que muchas de esas provincias presentan un déficit que no han podido salvar desde el año pasado, al que se suma la restricción en sus ingresos por la deuda que se vuelve incontrolable. Más cuando los bonos que garantizan los saldos deudores corrieron la misma suerte que el resto de los títulos argentinos y por lo tanto hoy exigen tasas de interés superiores a las que la AGN tuvo en cuenta en diciembre de 2007, cuando cerró el documento.

Los porcentajes, entonces, están hoy claramente por encima de los límites de riesgo que presenta el informe.