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Publicado: 05-10-2012
 
En el tercer día de tensión con las fuerzas de seguridad , el gobierno de Cristina Kirchner postergó hasta el martes próximo la discusión salarial con los efectivos de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, que continúan en rebelión. En la Casa Rosada consideraban ayer que ese día rechazará el reclamo de las fuerzas, que exigen ahora un salario mínimo de 7000 pesos de bolsillo y en blanco para las categorías más bajas.

"El impacto fiscal sería imposible de afrontar. Obligaría a desembolsar recursos no previstos. Pero lo importante será negociar una reestructuración salarial como se intentó con el decreto 1307", confiaron a LA NACION altas fuentes del Ministerio de Seguridad, que dirige Nilda Garré.

El Gobierno congeló ayer todas las negociaciones y resolvió dilatar la expectativa de los manifestantes. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, no recibió a los suboficiales de la Prefectura, a los que había convocado para las 15. Luego, los hizo reunirse con un funcionario de segunda línea. Berni tampoco mantuvo contacto con la Gendarmería.

Sólo en la madrugada de ayer, Berni había recibido un petitorio de cuatro gendarmes y cuatro prefectos, nuevo grupo negociador, acompañados por los flamantes jefes de la Gendarmería, comandante general Enrique Zach, y de la Prefectura, prefecto general Luis Heiler.

Sin prometer nada, Berni firmó el petitorio pero les comunicó que sólo el martes daría una respuesta. Eso fue considerado por los manifestantes como una estrategia para desgastar el reclamo. Y giró el documento al Ministerio de Economía, donde ayer se hacían contra reloj todos los cálculos de escalas salariales.

El petitorio consistió en el piso de 7000 pesos para los efectivos más modernos, la sindicalización, la libre elección de una obra social, la asignación de una ART y la garantía de que no habrá represalias.

Miles de suboficiales continuaron frente a los edificios Centinela (Gendarmería) y Guardacostas (Prefectura) y anticiparon que seguirán allí hasta el martes. Hubo adhesiones de personal de la Armada y la Fuerza Aérea, y se conoció un nuevo reclamo salarial de la policía bonaerense. "Los 7000 pesos de piso es el principal reclamo, después todo lo demás -dijo Raúl Maza, suboficial de Gendarmería-. No tuvimos respuesta. Hasta que no haya respuesta y decreto vamos a estar acá."

Desde el Gobierno aseguraron: "Aceptar el petitorio implicaría eliminar las obras sociales de todas las Fuerzas Armadas, desembolsar sumas de recursos no previstas". Además, preocupaba el efecto contagio en las policías provinciales, en la educación, la salud, los empleados públicos y las empresas públicas.

Sólo si se incorporaran al salario los complementos y adicionales no remunerativos que cobran las Fuerzas Armadas y las de seguridad, el impacto se calcula en más de 3000 millones de pesos adicionales a una masa salarial actual de 25.000 millones, según auditores del presupuesto de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC).

Se descuenta en el Gobierno que el petitorio será rechazado el martes, pero se intentará avanzar en la reestructuración salarial.

El conflicto comenzó el martes pasado, cuando, por el decreto 1307, los efectivos de Prefectura percibieron recortes salariales de hasta 70% por la eliminación de adicionales no remunerativos. Los prefectos salieron a la calle. Luego se sumó la Gendarmería. El Gobierno anunció la anulación de esas quitas para descomprimir la tensión. Y ayer el Ministerio de Seguridad informó que había depositado los sueldos de ambas fuerzas con los mismos valores de agosto. Pero eso no alcanzó para disolver la protesta.

Mientras Berni asumió el papel del negociador, avalado por la Presidenta, Garré no tuvo apariciones públicas. Cerca de la ministra celebraron que "se pudo constituir un grupo de negociadores, de cuatro prefectos y cuatro gendarmes, con predicamento". Hasta entonces la negociación era anárquica.

El día se pobló de rumores: Garré y Berni habrían presentado la renuncia, pero no fueron aceptadas por la Presidenta, se dijo en la Casa Rosada. En Seguridad lo negaron.

Incluso llegó a circular la versión de que el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, había ordenado redactar fundamentos para un eventual decreto de estado de sitio, lo cual no fue confirmado.

Luego de informar que no recibiría a los cuatro prefectos que había convocado, Berni los hizo atender por el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, Darío Ruiz. "No se avanzó nada", dijo un prefecto a LA NACION. "Fue para hablar de la situación y limar asperezas", completó.

Luego de eso, los prefectos y gendarmes se reunieron entre sí con sus nuevos jefes, Zach y Heiler, para revisar las escalas salariales.

Desde el Gobierno alentaron, en estricta reserva, los fantasmas de un intento de sectores adversarios para agitar un complot destituyente o desestabilizador. No se descarta que esa línea determine futuras medidas del Gobierno, en línea con las declaraciones públicas que hicieron agrupaciones ultrakirchneristas.

Por la tarde, la Presidenta recibió a empresarios de automotrices y por la mañana, en Olivos, se reunió con al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Pero no hubo palabra oficial, sino silencio y hermetismo. Cristina Kirchner suspendió su viaje a Santa Cruz, previsto para hoy.