La trama del supuesto pago ilícito por $ 54 millones al grupo de aseguradoras Accolade Pool en el Ministerio de Economía cada día se complica más, no sólo por el cruce de responsabilidades entre ex funcionarios, sino también porque van surgiendo nuevos ejemplos que presentan la misma matriz: el caso del buque Navenor es uno de ellos.

En marzo de 2001 Astilleros Mestrina cobró un histórico reclamo por la construcción de la nave, por la que demandaba al Estado

$ 5.408.498. Sin embargo, sólo 1.849.277,35 fueron para la compañía querellante; el resto fue cedido a Donatel SA (la empresa uruguaya vinculada al presunto cobro fraudulento de las aseguradoras en 2007). La persona designada como apoderado por Mestrina y quien firmó el pago de Economía fue nada menos que Walter Oscar Bonavera.

Así, los nombres y las modalidades en torno a los juicios a favor o en contra del Estado se repiten, construyendo una red que apunta a las ex empresas públicas y a la Dirección de Entes Liquidados, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial. En el caso del astillero, la demanda contra el Estado se remontaba a 1981, cuando se firmó un contrato por la construcción del buque Navenor. Veinte años después (y sin siquiera mediar una discusión sobre la prescripción del caso), la Dirección General de Administración y la Dirección de Entes Liquidados viabilizaron el desembolso, aparentemente sin consultar los antecedentes del caso y sin tener en cuenta la auditoría que en su momento había realizado Price Waterhouse respecto de la empresa. Y no sólo eso, sino que además pagaron (en bonos) gran parte de la suma demandada a una compañía extranjera (Donatel SA), a la que previamente Mestrina había hecho una cesión de pagos.

El apoderado de Donatel SA, Bonavera, es uno de los imputados en el denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por el presunto pago de $ 54 millones, en la que se señala al empresario croata Iván Holjevac como principal beneficiario del cobro. Según la investigación de la FIA, en esta oportunidad Bonavera figuró como apoderado de la empresa Aquamarine (a la que fue transferido el 17% del 27% que recibió Holjevac), mientras que Jorge Enrique Rodríguez fue designado esta vez como apoderado de Donatel, por el empresario croata. De acuerdo con la denuncia del fiscal Manuel Garrido, además habría un vínculo familiar entre Bonavera y la mujer de Holjevac. El abogado fue también quien en las últimas semanas denunció al juez Federico Faggionato Márquez por presunto abandono de persona. Bonavera era muy amigo de Luis Tarzia (y padrino de su hija), uno de los procesados en la causa de la efedrina que murió el 30 de diciembre pasado por el agravamiento de una afección cardíaca.

Aprobación

El sospechoso pago a Mestrina habría sido aprobado por el entonces subsecretario de Administración Patrimonial, Andrés Troha. En el área ya trabajaban para entonces el ex director de Administración y ex subsecretario -sucesor de Troha-, Juan Cayetano Intelisano (señalado como el supuesto responsable del pago de los $ 54 millones y suspendido de su cargo hace 10 días por esa razón), así como Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos (procesada en el caso Greco y actualmente bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, si bien Economía nunca firmó su pase a otro ministerio).

Según se relata en Economía, Holjevac también ya hacía tiempo que circulaba por ahí, especialmente interesado en los temas relacionados con la Dirección de Entes en Liquidación (que manejaba casos como los de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, los préstamos y deudas del Fondo de Marina Mercante, los de Obras Sanitarias y Ferrocarriles Metropolitanos, entre otros).

Un área que aún hoy maneja innumerables causas millonarias a favor o en contra del Estado, que en muchos casos parecen ser resueltos de manera arbitraria y ambigua. Esta situación se repite hasta tal punto, que organismos de control como la Auditoría General de la Nación se ha cansado de señalar la desidia y letargo que caracterizan el avance de los expedientes en ese sector, así como las evidentes irregularidades en casos como el de Greco, sobre el que la AGN se expidió en noviembre pasado.