En el marco de una acción de amparo interpuesta por la Cámara Pesquera Marplatense (Capemar) formada, según señalan sus titulares, por más de 30 cooperativas que realizan los denominados “trabajos en tierra” para la industria pesquera de Mar del Plata, el juez de la causa concedió lo peticionado por la parte actora y citó a una audiencia a un heterogéneo grupo de personas entre las que se cuentan el titular de la SAGPyA, el subsecretario de Pesca de la Nación, los representantes de las cámaras pesqueras propuestas por Capemar, el director del INIDEP, el presidente de la Auditoria General de la Nación y hasta al intendente de Mar del Plata. Según se supo, por declaraciones del magistrado a la prensa, la audiencia tendría como objetivo “aprovechar la presencia de todas las partes involucradas para lograr una solución que conforme para todos, tanto en materia de preservación del recurso como de conservación de empleos y de la propia actividad”.

Elogiable propósito el del magistrado si no fuera porque la realidad y los acontecimientos que dan cuenta de la grave situación por la que atraviesa la pesca de nuestro país son de tal complejidad que difícilmente puedan abordarse y mucho menos resolverse en una audiencia susceptible de transformarse en algo semejante a una asamblea popular en la que, desde la misma convocatoria, surgen dudas sobre su imparcialidad por haberse obviado, por ejemplo, la citación de otras cámaras, gobernadores, intendentes o sindicatos que se verían directamente afectados por cualquier resolución judicial que se adopte.

Lo cierto es que más allá de lo que ocurra en Mar del Plata con este hecho, circunstancia que al momento de escribir estas líneas no podemos valorar, los términos sesgados y arbitrarios de la presentación de Capemar, como el camino elegido por el juez suman una nueva y grave preocupación a la actividad industrial pesquera, fundamentalmente a la patagónica, que aún siente los perjuicios ocasionados cuando, arbitrariamente y sin ningún argumento científico que lo avalara, sufrió el destierro de su flota al sur del paralelo 48º para satisfacer las necesidades del puerto bonaerense.

Cabe advertir sobre el peligro que entraña reincidir en el caos que significó recurrir al arbitrio de los jueces para resolver la crisis de la merluza. Con lábiles argumentos e invocando incorrectamente la ley 25.109, sancionada entre gallos y media noche y que además perdió su vigencia el 31 de diciembre de 1999, se puede reeditar aquella etapa nefasta para el ordenamiento sustentable de la pesca caracterizada por lo que se conoce como “festival de amparos”. Si fatalmente prosperara la pretensión de la cámara marplatense, no hay dudas que en breve se expedirían “otros jueces” llamados a resolver arbitrarias exclusiones o ilegales discriminaciones.

Mientras tanto seguiría la sobrepesca, el falseamiento de los datos de las declaraciones de capturas, la corrupción en el sistema de controles, la actividad de buques ilegales, el circuito en negro de la pesca y en definitiva el caladero estaría cada día más lejos de su recuperación.

Frente a la situación en que nos encontramos se impone la adopción medidas que, basadas en la mejor información científica disponible, permitan la recuperación de la pesquería. Algunas medidas podrán generar debates, pero para proceder a un mejor ordenamiento de la pesca, que reduzca la incertidumbre, dentro de un marco de seguridad jurídica y acatamiento de la ley, paradójicamente no son los estrados judiciales el ambiente más propicio.