Por la existencia de observaciones de los organismos de control que no fueron levantadas por el gobierno, legalmente el convenio con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química se encuentra "suspendido". Tal es la calificación según fuentes oficiales, pero ninguna de las instituciones encargadas de definir la situación se decide a avanzar. La Legislatura, con autoridad suficiente para resolver ante divergencias entre el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, adelantó que devolverá las actuaciones al órgano de control, que ya se expidió. La Justicia, con elementos aportados en una denuncia penal, hasta ahora mira para otro lado. Mientras tanto, quince mil ciudadanos de la provincia cuestionan la transparencia de "los transparentes" y reclaman el rechazo en un proyecto que ingresarán como iniciativa popular.

Río Grande.-Según lo dispone la ley provincial N° 50 en su artículo 30, la existencia de observaciones totales o parciales por parte del Tribunal de Cuentas hacia un acto de gobierno, determinan su suspensión total o sobre la parte observada. La misma ley admite la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en este caso decida insistir con el acto, pero faculta a la Legislatura a rechazar en un plazo de 90 días esa insistencia, que en caso contrario se tendrá por aprobada.

La inacción o dilación legislativa pareciera apuntar a un desenlace parecido al que prevé la ley, y que se complementa con una actitud similar de la Justicia, que hace tiempo cuenta con sobrados elementos probatorios aportados en una denuncia penal, como para haber tomado alguna decisión.

Con la insistencia, en caso de no satisfacer al organismo de control ninguna de las respuestas del gobierno, la responsabilidad recae en forma total en la gobernadora, quien cuenta con la "tranquilidad" de mantener una mayoría automática en la Legislatura que le garantiza su permanencia, sin importar el grado de ilegalidad en que incurra.

En un "valetodo" que da por tierra con la transparencia de "los transparentes", y sin el remedio institucional que en casos de menor gravedad aportó el proceso de juicio político, el gobierno arista seguirá avanzando por encima de los organismos de control; de la voluble Legislatura; de una justicia ciega, sorda y muda; y aun de quince mil ciudadanos que ya firmaron el proyecto de iniciativa popular por el que rechazan el convenio.

Un breve repaso

El día 3 de agosto de este año, el Tribunal de Cuentas formuló una observación legal a la "Oferta de Suministro de gas" que la Gobernadora le hizo a la empresa TDFE&Q. De acuerdo a la ley N° 50, la comunicación de tal observación implica la suspensión de la ejecución del acto, de modo que, de acuerdo a la ley, será la Gobernadora, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, quien deberá insistir en llevar adelante el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas.

Gramaticalmente la palabra "suspensión" significa detener o diferir por algún tiempo una acción u obra; equivale, pues, a paralizar algo que está en actividad en forma positiva, y es precisamente en este sentido en que la emplea la ley. Resulta innegable que la observación del Tribunal implica la detención temporal del acto dudoso y cuya institucionalidad se reclama, haciéndolo cesar, si la ejecución ya se ha iniciado, o impidiendo su comienzo cuando aún se encuentra en potencia. 

En ese orden de ideas, el Convenio con la empresa está "suspendido", y lo estará hasta que el Poder Ejecutivo tome la decisión de insistir, independientemente de que la empresa deposite o no el anticipo que adeuda.

La oportunidad

El congelamiento actual de la situación es sin dudas una oportunidad. Fundamentalmente, la de evitar a la provincia daños y perjuicios de difícil reparación, y la de restituir las cosas al estado previo al de su ejecución, para lo cual la empresa también colaboró, al incumplir con la obligación de pago que había asumido.

Pero de la suspensión que puede evitar los daños y perjuicios que un mal acuerdo puede ocasionarle a la provincia, nadie habla.

La gobernadora, de avanzar en la ejecución del acto, asume totalmente la responsabilidad, pero la ley prevé una herramienta institucional para poner cordura: determina que, en caso de que el Tribunal de Cuentas considere que los argumentos planteados por la Sra. Gobernadora no modifican su postura, será el Poder Legislativo quien tendrá la última palabra. 

Vale decir que, los quince legisladores, con el respaldo de miles de ciudadanos que están claramente reclamando una reacción, pueden rechazar la insistencia del Poder Ejecutivo y dar por finalizado el acuerdo.

El circo y sus payasos

El convenio de inversión, si de algo careció, fue de seriedad. Tanto desde el punto de vista legal como de la lectura social y periodística. Humoradas vinculadas con el "cuento chino" etiquetaron desde el inicio un acuerdo altamente sospechado. 

Las negociaciones con la empresa TDFE&Q han transitado un camino sumamente sinuoso, con marchas y contramarchas que permitieron apariciones mediáticas de personajes como el Dr. Espósito, quien desde el gobierno se vanaglorió del acuerdo favorable para la provincia por la inexperiencia de la abogada de la empresa, que en nada se acercaba a la suya.

El autoelogio le duró poco, porque a tal acuerdo favorable le sucedieron continuas modificaciones y adaptaciones, producto de las recomendaciones, reparos y observaciones realizadas desde los organismos de control, que pusieron de manifiesto que las cosas no habían sido realizadas correctamente.

Las falacias de Espósito quedaron expuestas con la desprolijidad de haber elegido un día sábado para firmar un acta reparadora, por la que se resuelven algunas observaciones del Tribunal, dos días antes de que ingresaran a la Cámara, pero mucho después de que hubiera vencido el plazo de pago de la primera parte del acuerdo. Con el mismo apuro y el mismo día inhábil, la gobernadora firmó el requerimiento de prórroga para darle tiempo a la empresa para que pague hasta el 30 de septiembre.

El Gran Bonete, o la papa que quema

Faltan pocos días para que el plazo se cumpla y, con la distracción de la tarifaria, poco se habla en la Legislatura de este tema, aun azuzada por las voces de los ciudadanos que siguen firmando las planillas de rechazo.

La Justicia sabe que la sociedad anónima constituida ?ad hoc? del acuerdo declaró un capital social de 125 mil pesos pero se las arregló para pagar tres millones y, además, promete treinta.

La Justicia, y la Legislatura, saben que la gobernadora concedió una exención impositiva a esta empresa, mediante un acto expresamente prohibido por la Constitución.

Como si los acuerdos siguieran otros canales subterráneos a los institucionales, el Poder Ejecutivo parece tan confiado que ni siquiera presentó la insistencia ante el Tribunal de Cuentas de las observaciones. La tarea, según dicen desde la oposición, la realizaría la Legislatura puesto que tales descargos y correcciones se encuentran en el acta elaborada aquel sábado afiebrado.

Quien nunca dejó de aprovechar cuanto micrófono tuvo cerca fue el abogado denunciante, el Dr. Alejandro de la Riva, y aun así no logró inmutar a la Justicia ni a sus fiscales.

Tampoco sirvió la santa palabra kirchnerista de la diputada Bertone, que cual vocera nacional tildó de "principio de negociado" al convenio, manifestó su rotunda oposición y advirtió que los funcionarios del ARI deberán responder civil y penalmente por sus actos. Bertone propuso un remedio: devolver el dinero y dar marcha atrás con un acuerdo nocivo para la provincia.

Pasaje de ida

Nadando en un mar de irregularidades y con la impunidad numérica en la Legislatura, muchos opinan que el ARI está tan ?jugado? que poco le importan las consecuencias que, a fin de cuentas, pagará la provincia.

De hecho, Ríos no escuchó ni al vocal del Tribunal de Cuentas, contador Luis Alberto Caballero, que ella misma designó, y que habló de la escasa documentación enviada por el Poder Ejecutivo, de observaciones que no fueron meramente administrativas y salvables, sino "muy serias" e "irregulares".

Los tiempos se acortan y, mientras tanto, conviven resignados con el imaginario popular los reparos formulados por el Fiscal de Estado y por el Tribunal de Cuentas, refrendados por el ex vicegobernador que rompió el silencio para pedir a la Gobernadora y a los Legisladores que reconsideren las acciones que vienen realizando con respecto a este tema.

El gobierno arista, y hasta algunos legisladores no precisamente oficialistas que evaden las decisiones, parecen haber sacado un pasaje de ida con el convenio chino. La falta de interés aparece como una máscara de grandes intereses que, mientras corra el tiempo y se venzan algunos plazos, pueden dar fruto para una reducida minoría.

"Las sospechas de corrupción son fundadas", "la sociedad tiene derecho a vituperar a sus representantes por la forma en que se llevó adelante la negociación", estos manejos "son incompatibles con los principios de la democracia y la república", dijo el Dr. Bassanetti, ex vicegobernador atacado de inmediato por funcionarios de poca monta que, a lo sumo, confirmaron la brecha ética entre los unos y los otros.

Ahora te llaman Margot

En lo que queda del gobierno provincial, tras el enredo de renuncias, enroques y bajas forzadas de los que osan contradecir, pesan más los actos individuales que el constante desempeño de las instituciones de control. No pasaron dos años todavía y ya perdieron la memoria quienes acudían al Tribunal o a la Fiscalía de Estado para señalar los errores de gestiones anteriores. 

En ese pasado cercanísimo, un dictamen favorable a la presentación de algún arista, era palabra santa, y la Constitución -hoy interpretada a gusto y placer de la coyuntura- un modelo a respetar a rajatabla.

Tal vez sea cierta la necesidad de las sociedades de contar con héroes anónimos. Ante la parálisis de nuestras instituciones, ¿habrá alguien que ponga en movimiento la estructura jurídica y la conmine a resolver la situación?

Los órganos de control ya se expidieron, diferentes funcionarios y ciudadanos expresaron sus posturas. La voluntad popular se está expresando, y más de quince mil fueguinos (número que sigue creciendo con nuevas adhesiones en Río Grande) se oponen al convenio.

Falta recorrer más que el travieso camino de la burocracia: para romper con la inacción habrán de temblar los subsuelos donde se esconden las razones de la sinrazón, los rincones donde se negocia lo que no está escrito: esa letra chica que sólo se puede intuir.

El silencio promete poco. Es evidente que algo está por suceder y, en un sentido o en otro, tendrá consecuencias.

Los silencios en la política tienen, al igual que en la música, un sonido perfectamente audible. Eso es fácilmente predecible. Lo que no se puede predecir, será la respuesta a la pregunta que alguna vez se hizo un injustamente derrocado Arturo Illia: "¿quién pagará todo esto?".