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El intendente de Junín, Pablo Petrecca, el secretario de hacienda Ariel Díaz y un grupo de concejales oficialistas y de oposición deberán pagar más de 700 mil pesos por aprobar una ordenanza que promovía una auditoria de la Universidad de Buenos Aires para revisar las cuentas municipales en 2016.

En ese momento, la contadora municipal de Junín Natalia Donati, se opuso a esa contratación por parecerle un gasto innecesario y desobedecer al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que en tal caso es el organismo indicado para realizar esa tarea.

En ese sentido, cabe aclarar que la Ley orgánica de las municipalidades dispone que el Concejo Deliberante sea el organismo encargado de controlar las cuentas de la administración de forma interna y que sea el Tribunal de Cuentas quien tiene facultad de controlar los gastos. El fallo del propio tribunal aclara que “la decisión de contratar un órgano que se encargue de realizar la misma función que ya está en cabeza del Concejo presupone un dispendio administrativo y un gasto innecesario que deviene en un perjuicio a las arcas comunales”.

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