El jefe de Gabinete continúa extendiendo sus tentáculos sobre las instituciones del Estado. Ahora, Alberto Fernández intervino virtualmente la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que depende del Congreso y que se ocupa de controlar las cuentas del Gobierno. Con la designación de dos auditores leales, el ministro estableció una estructura de poder en la AGN que obstaculiza la investigación sobre los gastos oficiales. Ya consiguió frenar la publicación de cuatro informes que comprometen a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Justicia, Aníbal Fernández; a la ex ministra Felisa Miceli, a las autoridades del Banco Nación y al secretario de Energía, Daniel Cameron.

La auditoría identificó un nuevo caso de millonarios sobreprecios en una obra energética, irregularidades en la distribución de fondos a las provincias, un pasivo no reconocido del Banco Nación de 5.700 millones de pesos y comprobó la responsabilidad del Ejecutivo en el caso “Greco”.

La historia de la intervención albertista comenzó con un escándalo. El 7 de noviembre pasado, el oficialismo abusó de su mayoría en la Cámara de Diputados para imponer la nueva integración del Colegio de Auditores. Ese cuerpo está compuesto de seis miembros: tres por cada Cámara, y un presidente que propone la principal fuerza de la oposición.