Publicado:19-10-08

Por ejemplo, hay que traer a colación la actuación sobre la materia de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se trata del organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación a la hora de controlar al Estado. Le corresponde a la AGN verificar el cumplimiento legal y de gestión del Poder Ejecutivo. Con sus informes de auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.

Pues bien, hace tiempo ya que la AGN eleva periódicamente a la Comisión Bicameral Permanente reiterados informes con la intención de llamar la atención sobre la situación del caladero, la corrupción que impera en el sector y el impacto socio económico que se avecina ante el colapso de la pesquería. Como suele suceder en casos similares, la vocación política del Congreso brilla por su ausencia.

En particular, la AGN formuló apreciaciones en 1996, 1997 y más recientemente, en 2006. En sus observaciones, el organismo detectó que se había "incrementado la explotación e inclusive se habían pasado los niveles autorizados, se establecían metas, se disminuían los cupos y cuando se los medía al año siguiente, se veía que las restricciones como consecuencia del riesgo del agotamiento del recurso por sobreexplotación no solamente se habían violado, sino que era en porcentajes que en algunos casos llegaban al 200 por ciento".

En un informe de 2001, la AGN estableció que nos encontrábamos "frente a situaciones alarmantes", ante los excesos que se producían en la explotación del recurso pesquero. Según su dictamen, las metodologías de explotación vulneran los objetivos que figuran en el artículo primero de la Ley Federal de Pesca y también al artículo 41 de la Constitución Nacional. La situación repercute en forma negativa en la actividad económica pesquera y sobre todo, en los sectores sociales que se vinculan a ella. Además, no queda indemne el medioambiente.

En efecto, la explotación pesquera repite la metodología extractiva que caracteriza a otras actividades económicas en la Argentina del siglo XXI, como la minera o la petrolera. Como consecuencia de ese modelo, la sobreexplotación pesquera terminó por enfrentar a las corporaciones de buques congeladores y factorías, que realizan procesos a bordo y se llevan casi el 70 por ciento de las capturas, en desmedro de las empresas locales de buques "fresqueros", que procesan sus capturas en plantas en tierra.

La balanza no está en equilibrio. Las compañías de buques congeladores y factorías se llevan más de la mitad de la merluza "hubbsi", más casi el 100 por ciento del calamar y langostino. Pero además, la cantidad de pescado que tiran al mar al considerarlo "pesca incidental", suele alcanzar la cuarta parte de la captura. Ese "incidente" tiene un impacto anual del 40 por ciento sobre la biomasa. Este "desperdicio" se valúa en más de 200 millones de dólares, en un país que tiene al 35 por ciento de su población por debajo de la línea de la pobreza (el gobierno sólo admite el 20 por ciento).

Casi 10 años atrás, el país declaró la emergencia pesquera. Por entonces, se confinó la operación de la flota congeladora a zonas con bajas densidades de merluza, es decir, al Sur del Paralelo 48. Además, la norma estableció límites de captura por buque para la flota pesquera. Pero entre la inacción de las autoridades, la inoperancia de los controles y la complicidad de la Justicia, las restricciones que fijó la emergencia jamás salieron del papel.

Hay que tener presente además que no sólo en nuestros mares sino también a escala global, hace años que se instaló firmemente la metodología de la pesca de arrastre, a la que también llaman retro-pesca. Se vale del empleo de una red con lastres que literalmente, barre el fondo del mar y en consecuencia, captura todo ser que encuentre a su paso. Nada puede hacer un pez o un crustáceo si cruza su camino una red lastrada. Como raspa el fondo marino, la pesca de arrastre es particularmente destructiva.

Junto con la pesca con redes de deriva, es una de las modalidades menos selectiva que existe. Así se explica que como decíamos más arriba, el 40 por ciento de la captura se deseche, ya que no tendrá que ver con el objetivo de los grandes pesqueros. En la mayoría de los países del mundo la pesca de arrastre es objeto de regulaciones pero en muy pocos está prohibida. Es que al deslizarse por el fondo marino, destruya algas y otros organismos, sin discriminación alguna. Es un auténtico bodrio cuya utilización genera desiertos en el lecho marino, aunque suene a paradoja.

La indefensión argentina es considerable. Son cerca de 100 mil los buques que componen la flota pesquera de la Unión Europea. Se trata de embarcaciones que faenan tanto en aguas de la UE como en terceros países o aguas internacionales. A esa flota hay que añadirle un número desconocido de embarcaciones, que pertenecen a otros países europeos que no son miembros de la UE. Se estima en 50 mil su número. La mayoría de éstos enarbola banderas de algún país europeo, pero también existen barcos que llevan banderas de conveniencia. Periódicamente, las embarcaciones de la Prefectura Naval o de la Armada de la República Argentina tienen que intervenir para evitar el saqueo. Pero esas acciones son míseros parches en un contexto político que permite el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos, los marítimos.