Río Grande.- La funcionaria responsable de las contrataciones del gobierno admitió ayer que no existe contrato en las adquisiciones de alimentos destinados a los comedores escolares. Se trata de Rita Rivera, secretaria de Contrataciones y Suministros, quien precisó que esta metodología se aplica desde el 17 de diciembre pasado. Aseguró que "no es normal" pero justificó la operatoria cuestionando las leyes de procedimiento, que a su entender deberían reformarse.

Rivera había deslizado "malas intenciones" por parte de los medios que difundieron la información sobre las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, frente a la compra directa de alimentos que se viene realizando, obviando los procesos licitatorios que marca la ley.

Entre esos medios se contó Provincia 23, pero ayer la funcionaria no sólo planteó que existe la compra directa, sino que reveló que no existe ni existió nunca un contrato firmado con el supermercado donde se adquieren los insumos.

Respecto del tiempo que el gobierno viene violando la norma, precisó que es desde el 17 de diciembre, es decir desde la asunción de las autoridades, y justificó la prolongación de la ilegalidad en los precios excesivos que reclamarían los proveedores.

En declaraciones a FM Master's, Rivera ensayó varias explicaciones. La primera fue que el Tribunal no observa la compra directa sino la inexistencia de contrato.

"Lo razonable y el encuadre administrativo lógico sería el de la compra directa tras el paso de las licitaciones", señaló y aseguró que el organismo de control "no observa que se esté comprando en forma directa sino la falta de un contrato firmado en papel, la existencia de la formalidad de un contrato".

"No es muy clara la compra directa y que se compre sin contrato, pareciera lo mismo y esta es la sutil diferencia", agregó-. El Tribunal no observaría si se compra en forma directa; estimo que no observaría cualquier contrato, pero si existe el contrato. Eso es lo que quiere el Tribunal".

Con una argumentación bastante confusa sostuvo que la omisión de cumplimiento de las normas se basa en la inconveniencia de la norma en sí: "El Tribunal no observaría si yo con ese proveedor (en este caso el supermercado La Anónima) estuviera vinculada de forma escrita con un contrato, con una orden de compra que se denomina en los términos de la administración y del proceso de compra. No alcanza que yo me vincule semanalmente, porque ese es el formalismo que existe con el supermercado, que con una antelación de tres días formulo el pedido. Obviamente ese pedido se formula de forma escrita a partir de los requerimientos que hace el Departamento de Comedores Escolares. La formalidad administrativa existe pero no satisface al Tribunal de Cuentas. Para que esté todo el proceso legalmente efectuado, lo que plantean es que no se está dando de comer legalmente, no se está cumpliendo con la formalidad legal. A mí ellos lo que objetan es que no hay un contrato firmado con el supermercado", reiteró.

Sin señales de cambio

Pese a la ilegalidad admitida, Rivera no dio señales de modificar la práctica en el corto plazo, y dijo que responderá a las observaciones con la "insistencia": "Lo que nosotros planteamos es lo que comúnmente se denomina la "insistencia". Nuestro actuar es sujeto de observación, nosotros estamos conscientes de que no tenemos contratos, es más, se nos dificulta trabajar administrativamente y tenemos que trabajar con la planificación semanal por esta falta de contrato, pero estamos cumpliendo con esta obligación esencial del Estado que es la de brindar este servicio. Nosotros vamos a seguir con los pasos administrativos, que cuando hay una observación de organismos de control, es la insistencia. Plantear la nulidad legal no cabe porque no existe contrato y no voy a poder plantear la nulidad ni la revisión de un acto que no existe. ¿Es nulo qué?, ¿la falta de contrato?, porque no existe? Estos son los absurdos que tiene el obrar de la administración", señaló con expresiones que califican su propio proceder.

La hora de los reproches

La funcionaria desvió la conversación luego a subrayar cierto exceso de preocupación en el Tribunal de Cuentas por controlar a esta gestión y no a otras: "Yo he tenido acceso a las intervenciones que tuvo el Tribunal de Cuentas y cuando alguien planteó la posibilidad de un sobreprecio, el Tribunal lo analiza en el marco de la legalidad; si está formulado correctamente el precio, levanta las observaciones y dice que no hay sobreprecio. Estas cuestiones me llaman poderosamente la atención y en este caso puntual el Tribunal se ajusta estrictamente a la legalidad. Si legalmente hay sobreprecio está bien, pero si legalmente no tengo el papel firmado, marche preso", comparó.

Consideró que "acá hay que entrar a analizar cuestiones de fondo. Incluso en una de las respuestas que le gira nuestra administración al Tribunal le señalo qué es lo que pesa más en el actuar de la administración, si la legalidad o la legitimidad. Es cierto que el Tribunal tiene que mirar la legalidad, pero los órganos de control e incluso la ciudadanía, porque a mí lo que más me interesa es el control ciudadano", aclaró-, la ciudadanía puede inferir si los actos son justos o injustos, tomando términos de la teoría política más clásica. Si el actuar de quien gobierna es justo o injusto, se infiere más de la legitimidad de los actos que de la legitimidad del actuar del gobernante. Si por no tener contrato no tenemos comida, ese sería el acto injusto porque lo justo es que se debe comer", razonó Rivera.

Defendió "el modo en que se está trabajando" arriesgando que "hasta diría que garantiza la posibilidad de controlar a los órganos de control. Tal como está planteado el proceso de trabajo, del actuar de la administración, se permite cómodamente el control de los órganos. Además el proceso actual está con muchos entes de control, muchos más que en procesos administrativos anteriores, pero bueno, eso no alcanza a satisfacerlos", lamentó.

El turno de las leyes

Luego de la teoría política y la revisión histórica del Tribunal, Rivera atacó las leyes de procedimiento administrativo. En pocas palabras, argumentó que no las cumple porque no son de su agrado: "Las leyes que hay en la administración en la compra son leyes que en su momento fueron muy cuestionadas, y no podemos olvidarnos el marco en el que se hicieron.

Nosotros teníamos la ley 338 de gestión financiera, que era una ley modelo, espectacular, pero nunca se llegó a implementar. Si bien las leyes son escritas por los hombres, las tienen que aplicar los hombres. La ley era muy buena pero no servía para los gobernantes y fue cambiada por la ley que nos rige ahora, la ley 495, que tiene una serie de decretos y resoluciones que la fueron reglamentando y tornaron el procedimiento administrativo casi alejado de la esencia y poniendo énfasis en la forma. Hay que cambiar las leyes y es un trabajo social importantísimo, porque la ley 495, el decreto reglamentario, son el resultado de la sociedad que somos. Yo no me excluyo con todos los defectos que tenemos. Es lo que somos", enfatizó.

Añadió que a estas leyes "alejadas de la esencia" se le sumó "una resolución que establece hasta literalmente como redactar algunos actos administrativos, que es del año 2002, durante el gobierno del partido justicialista", dijo con una pausa de desaprobación.

Afirmó que "esta administración está trabajando ajustada a esa norma y recién ahora (el Tribunal) está formulando observaciones sobre el modo de funcionar con la aplicación de esa norma. Antes nunca se objetó. El grupo de quienes analizábamos por el año 2002 el texto de la resolución 6 de la contabilidad general hacíamos estas observaciones, yo trabajaba en el IPAUSS y comentábamos los inconvenientes que tenía esa norma. Sin embargo se trabajó cómodamente con la aplicación de esta norma que no era tan cómoda para los procesos de controles y que garantice transparencia. Recién ahora se está objetando eso. Son las normas que nos supimos dictar y primero tenemos que tener un cambio de mentalidad muy profundo para, acompañando ese cambio, ir cambiando las normas y los procedimientos que rigen el actuar de la administración", adoctrinó.

Desde siempre

Cabe recordar que la funcionaria, entrevistada por el mismo tema este martes en FM Artika, había precisado la fecha desde la cual se mantiene la ilegalidad de las contrataciones del Estado, además de deslizar sospechas sobre los medios que difundieron las observaciones realizadas.

"No sé de dónde salió la información y es lo que a veces resulta más incomprensible, sobre todo para uno que está en el trabajo diario. Estas cuestiones distraen un tanto maliciosamente, no sé con qué intención habrá sido dado a conocer eso. Lo cierto es que al Tribunal se le respondió y se le viene informando en cada uno de los expedientes", aseguraba Rivera.

"¿Cuánto hace que compran en forma directa?", le preguntaron entonces. "Es una respuesta muy triste la que tenemos que dar: desde el 17 de diciembre se está haciendo esa adquisición sin contrato, porque se puede hacer también por forma directa pero con contrato".

"¿Quiere decir que no hay ninguna ilegalidad?", fue la siguiente consulta. "Esa afirmación no la podríamos hacer. No es normal que uno trabaje sin contrato", concluyó la funcionaria.