Publicado: 12/11/2008

El titular de Desarrollo Social justificó que la contratación directa recaiga en el Banco Municipal de Rosario porque no cobra ni un peso de comisión a la provincia y era "urgente" cambiar los tiquets

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pablo Farías, defendió la contratación directa que hizo el Estado santafesino del Banco Municipal de Rosario para que se haga cargo del servicio de emisión, administración y entrega de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

También descartó que haya una intencionalidad política del Tribunal de Cuentas detrás de la objeción jurídica que hizo el organismo sobre la adjudicación del nuevo sistema.

El funcionario justificó el accionar del gobierno provincial en dos variables políticas: primero, existía una situación de emergencia social y por la mala calidad del sistema de tiquets que hacía factible la contratación directa; segundo, la actual administración eligió a un ente estatal –como lo prevé la ley de Administración Financiera– que no cobra un solo peso de comisión para que preste el nuevo servicio.

La polémica comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Tribunal de Cuentas se quejó del modo de contratación con la entidad pública y reprochó que no haya participado el Banco de Santa Fe, que es el agente financiero de la provincia.

"No se identifican a las empresas contactadas (para prestar el servicio), a excepción de dos: el Banco Municipal de Rosario y el Banco de la Nación Argentina, ni se agrega la documental aportada por éstos, que según manifestaciones oficiales les habrían entregado en ocasión de entrevistarse", dice –entre otras cosas– el fundamento del órgano de contralor.

Por su parte, Farías explicó a Diario UNO que antes de fin de mes habrá una explicación formal de la provincia al Tribunal de Cuentas, pero adelantó que "hay una cuestión de diferencias de criterios sobre el marco de urgencia" que el Estado atribuyó para adjudicar el sistema de ayuda alimentaria.

"Nosotros estamos convencidos y probablemente lo que nos solicita el organismo es mayor información o una justificación más fuerte, más profunda, sobre las cuestiones que nos llevan a decir que había una urgencia. Eso está completamente demostrado y comprobado en toda la tramitación que tuvimos, y está respaldado con la documentación pertinente", agregó.

"Inclusive –continuó– hay hechos posteriores que a nosotros de alguna manera nos dan cuenta de lo acertado de la decisión, como es la quiebra de la empresa Proms (encargada de la emisión de los viejos tiquets alimentarios), que fue declarada no hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires y que fue posterior a la decisión nuestra de cambiar de sistema".

El respaldo de un ente estatal

"Desde el mismo momento en que nosotros nos vemos en la necesidad política, porque es una decisión política, obviamente fundada desde lo legal, de interrumpir el servicio de la empresa Proms, por una cantidad de problemas que tenían y la proyección de mayores problemas que hicimos, en ese mismo momento surge la necesidad imperiosa de contar inmediatamente con un nuevo sistema y eso nos lleva a contratar directamente", explicó el ministro de Desarrollo Social.

Al respecto, argumentó la elección del Banco Municipal en la situación de emergencia social y del sistema hasta ese momento vigente y en la posibilidad que prevé la ley de Administración Financiera: "que es la contratación directa entre entes estatales".

Asimismo añadió: "Nosotros decidimos contratar un ente estatal y los únicos dos que calificaban para hacer esto eran el Banco de la Nación Argentina y el Banco Municipal de Rosario; en ese sentido, la oferta del Banco Nación fue absolutamente superior desde el momento en que nos planteó un servicio con un costo elevado mientras el Banco Municipal proponía costo cero a cargo de la provincia".

—¿El Banco Municipal no cobra nada a la provincia por su participación?

—No el servicio es gratuito, por eso digo que la propuesta del Banco Nación sí incluía una comisión. Nosotros evaluamos esto y rápidamente decidimos contratar porque no teníamos forma de dilatar los pasos y los plazos, porque el sistema no admite interrupciones. Imagínense que en ese momento había 145 mil beneficiarios y hoy lo extendimos a 180 mil en toda la provincia, beneficiarios que dependen muy sensiblemente de este refuerzo alimentario y que si nosotros lo interrumpíamos se nos planteaba una situación de caos.

Frente a ese contexto, el gobierno de Hermes Binner decidió "rápidamente contratar" porque luego de una evaluación se consideró que "las propuestas (de ambas entidades) eran suficientes y que los mecanismos estaban absolutamente resguardados en lo legal", y por eso avanzaron en la adjudicación.

—También se puede entender que exista cierta suspicacia porque el nuevo sistema recayó en el Banco Municipal de Rosario.

—Más allá de que tenemos muchos datos objetivos que respaldan nuestra posición de que estábamos en una situación de emergencia, siempre hay cuestiones de tipo subjetivas en cuanto a la evaluación de eso, por ello para reforzar la contratación directa la justificamos también en la contratación entre entes estatales. Era un respaldo importante contar con estados detrás del sistema porque por principio jurídico no quiebran y entonces era un respaldo que nosotros íbamos a garantizar para salir del descrédito que estaba teniendo la operación de los tiquets con la firma Proms.

AumentosDesde diciembre la provincia equiparará los montos de la Tarjeta Única de Ciudadanía que perciben los beneficiarios de las ciudades y de los pueblos: los primeros tienen 80 pesos en crédito y los segundos, 50 pesos.

Los 180 mil santafesinos con el actual sistema pasarán a tener 80 pesos mensuales para comprar alimentos y recién para el año que viene se prevé "un incremento para todos", según anunció a Diario UNO el ministro de Desarrollo Social.

BeneficiariosLos beneficiarios de la ayuda alimentaria de la provincia, que vivían en los pueblos, hasta el gobierno de Jorge Obeid recibían 25 pesos en mercadería cada mes.

Con la actual administración binnerista, ese monto se aumentó a 50 pesos mensuales y, además, esos 40 mil beneficiarios se incorporaron al servicio de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

De esa manera, en todo el territorio hay 180 mil personas –incluidas las 140 mil que viven en ciudades– con el mismo servicio.

"Evaluación positiva"El titular de Desarrollo Social de Santa Fe dijo que existe "una evaluación altamente positiva del funcionamiento de la Tarjeta Única de Ciudadanía". Si bien reconoció que hubo algunos problemas en el debut del nuevo servicio, en la actualidad, los inconvenientes "no llegan ni al cuatro por ciento del total de las tarjetas", que pertenecen a "180 mil beneficiarios".

"La red comercial que está prestando el servicio de la tarjeta también nos planteó su conformidad y, además, con un costo cero de comisión para la provincia", manifestó Pablo Farías.

—¿Cuáles son los servicios que presta el Banco Municipal al sistema de la Tarjeta de Ciudadanía?

—El Banco Municipal de Rosario tiene a su cargo todo lo que es la emisión de la Tarjeta de Ciudadanía, la distribución y, obviamente, todo lo que son las operaciones de carga de las tarjetas y de pago posterior a los comercios en los cuales se utilizaron las tarjetas, y lo puede hacer con cualquiera de los productos que disponga.

—¿Y esto no tiene costo alguno?

—Eso lo hace sin cobrar ninguna comisión a la provincia, para Santa Fe es costo cero. Nosotros estábamos pagando una comisión de casi 300 mil pesos todos los meses a la empresa Proms, por el servicio de los tiquets, que era altamente complejo y deficitario.

Proveedores del estado ocuparon oficina de Gobierno

Argentina - 11/11/2008 - El Diario del Fin del Mundo - Tiempo de Lectura: 1' 54''

Una veintena de proveedores mayoritariamente de Río Grande ocuparon una de las oficinas de Casa de Gobierno y hasta la medianoche continuaban en la sede gubernamental ante la falta de pago por parte del Ejecutivo de trabajos realizados en la anterior gestión. Los contratistas se manifestaron que no se irán "hasta tanto no nos firmen un cronograma de pago cierto", aseguró uno de los manifestantes que dijo estar "harto de las promesas del Gobierno".

Los contratistas arribaron a Casa de Gobierno a media mañana de ayer y estuvieron durante toda la jornada en los pasillos intentando tomar contacto con los funcionarios para que le den respuestas concretas a sus reclamos. A últimas horas decidieron sentarse en la oficina de la Secretaría de Gobierno y Fortalecimiento del Estado y a partir de allí lograron un acercamiento con el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu y con su par de Obras Públicas, Daniel Lépez. Luego se sumó a la reunión el secretario de Hacienda, Alejandro Barrozo.

Los funcionarios manifestaron la crítica situación financiera por la cual está atravesando la provincia y dijeron no contar con los fondos para hacer frente a la cancelación de los expedientes. Además desde Economía se elaboró un listado de 11 expedientes que estarían en condiciones de ser cancelados sobre un total de 700 expedientes que están trabados por observaciones del Tribunal de Cuentas, según argumentan desde el Gobierno.

El reclamo de los proveedores se remonta al año pasado y se ha acentuado durante los últimos meses debido a que desde el Gobierno del ARI han existidos muchas idas y vueltas en torno al pago muchas veces con informaciones cruzadas entre funcionarios que han exacerbado los ánimos de los contratistas.

Tras la presentación del listado de los 11 expedientes en condiciones de ser pagados, los proveedores advirtieron a los funcionarios que no abandonarán Casa de Gobierno hasta tanto no se firme un cronograma de pago que les asegure cierta cuota de seguridad en lo que a la cancelación se refiere.

Ante la postura férrea de los pequeños empresarios los funcionarios decidieron retirarse hasta el despacho privado de Ríos, ocupado por estos días por el vicepresidente primero de la legislatura, a cargo del Poder Ejecutivo, Manuel Raimbault, para intentar destrabar el conflicto.

Al cierre de la presente edición los proveedores continuaban en Casa de Gobierno ante el descreimiento de las autoridades que muchas veces han asegurado una solución a los contratistas, pero que hasta el momento parecen no haber dado respuestas a sus propias promesas.