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Esta normativa rige en los 135 municipios, donde los concejos deliberantes, asociaciones gremiales y entidades que administren derechos e intereses del sector público también se tendrán que sumar.

La presente ley tiene por objeto regular el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público de la Provincia de Buenos Aires”, expresa la ley en su artículo 1°. La misma obliga a presentar sus declaraciones patrimoniales a los diputados y senadores, secretarios, prosecretarios, directores, subdirectores y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos. La exigencia se extiende a todo el sector público provincial, la administración central, entidades descentralizadas; empresas y sociedades del Estado, además de fondos fiduciarios y otras organizaciones.

A partir de entonces, varios municipios comenzaron a sumarse a esta normativa. Los primeros días de febrero el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, envió una ordenanza municipal al Concejo Deliberante para adherir a la ley provincial. Lo mismo hizo Carlos Arroyo, Intendente de Mar del Plata, en los últimos días de febrero. También se sumó La Plata, donde se aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a esta ley. En la segunda sesión extraordinaria del año, los 24 concejales votaron positivamente para que quienes tienen cargos municipales publiquen sus declaraciones patrimoniales.

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