Publicado: 16-10-2011 
  
Buenos Aires.- El Estado argentino y los usuarios de la Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria principalísima de nuestro comercio exterior, pagan por el dragado del tramo Punta Indio-Santa Fe más del doble de lo que cuestan trabajos comparables en el mercado internacional, en Uruguay e, inclusive, en otros emprendimientos de la misma naturaleza que se realizan en el país.

Su excesivo costo es consecuencia de concesiones, ampliaciones de contratos y renegociaciones -que se remontan varios años atrás- con subsidios de centenares de millones de dólares.

El contrato original aprobado por Carlos Menem, en 1995, y adjudicado a Hidrovía S.A. (sociedad entre la belga Jan de Nul N.V. y la argentina Emepa S.A.), fue extendido durante el citado gobierno y luego renegociado hasta el año 2021, con grandes beneficios para Hidrovía S.A., por la administración actual.

El gobierno y las empresas beneficiarias tienen lista ahora una nueva ampliación del contrato sin licitación -con lo cual se violarían las leyes vigentes en materia de obra pública- extendiendo el tramo del contrato desde Santa Fe hasta Asunción del Paraguay. El mismo sería firmado después de las elecciones.

Las decisiones de los gobiernos de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner sobre la Hidrovía fueron objetadas, en su momento, por la Sindicatura General de Empresas Nacionales (SIGEN) y la Auditoria General de la Nación (AGN). También han sido denunciadas por la oposición en el Congreso y existe una denuncia penal, actualizada en junio de este año, en el juzgado federal a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral.

Durante las administraciones K no ha sido constituido el órgano de control previsto en el contrato original de la concesión de dragado que beneficia, fundamentalmente, a la empresa belga Jan de Nul, cuyo titular fue condenado penalmente en Bélgica por ofrecer coimas a inspectores fiscales. Debe considerarse que, en la opinión de la gran mayoría de los especialistas, la Hidrovía es, potencialmente, la principal y más probable ruta de ingreso del narcotráfico al país.

La tarifa que cobra la concesionaria es la única que ha permanecido dolarizada desde la pesificación, junto con la de Aeropuertos Argentina 2000. El ministro Julio de Vido, además, permitió aumentar las tarifas de la empresa en un 81 % en dólares, beneficio que no tuvo ningún otro concesionario, ni siquiera en pesos. Los aumentos de tarifas fueron autorizados pese a que el tráfico en el canal -y por lo tanto la facturación del concesionario en peaje- aumentó más de mil por ciento debido al boom exportador, básicamente de la soja.

Una concesión monopólica sin control, con tarifas dolarizadas, centenares de millones de dólares en subsidios y "rentabilidad excesiva", según el propio Estado, debería ser revisada. El Poder Ejecutivo podría reformular, con argumentos sólidos y medidas de apelación inmediata, la irregular concesión, logrando mejoras importantes para la cadena de comercio exterior y el propio Estado.

La pregunta del millón es si la Hidrovía es un negocio o un negociado gigantesco de los muchos que existen desde hace décadas en la Argentina.