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La Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoria Informática del Consejo de la Magistratura fueron quienes manifestaron su preocupación. Estos informes fueron requeridos por el Consejo, luego de una serie de errores.

La SIGEN realizó un informe sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Judicial, Lex 100, donde detalló que el mecanismo informático “presenta falencias” y que “no alcanza un nivel de madurez suficiente en concordancia con la criticidad de su función”. También detectó que la documentación del sistema está desactualizada. Este informe fue enviado en enero al Consejo de la Magistratura.

Asimismo alertó sobre la seguridad del sistema y sus posibles riesgos “debido a que determinados perfiles cuentan con la posibilidad de ver el estado de un bolillero en un momento dado, lo que permite contar con información para la predicción del resultado del próximo sorteo”. La sala de servidores no cuenta con las medidas de seguridad acordes ya que presenta “puntos ciegos en el circuito cerrado de TV”, además de “la ausencia de una alarma para el caso de que la puerta de ingreso quede abierta”.

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