Publicado: 25-01-09                             

Ver Informe de ElAuditor. info

CRISTINA KIRCHNER HARA EL ANUNCIO: Los dos organismos certificarán el sistema.

Así, un documento enviado por mail tendrá el mismo valor legal que los de papel. 

Con más de seis años de demora, el Gobierno finalmente habilitó a la AFIP y la ANSeS para poner en marcha la firma digital, un sistema que le otorga a cualquier documento electrónico enviado por mail (contratos, pagos, declaraciones juradas, entre otras transacciones) el mismo valor legal que los documentos manuscritos.

La firma digital es una tecnología basada en un programa informático que genera códigos encriptados a partir de un documento, lo que garantiza la identidad de su creador y su integridad, es decir, que no sufrirá ninguna modificación por parte de terceros. Su uso permitirá agilizar trámites y bajar los costos, tanto en el sector público como en las empresas.

Fuentes oficiales aseguran que será la presidenta Cristina Kirchner la que anuncie oficialmente que la Argentina ya cuenta con toda la infraestructura legal y tecnológica para usar la firma digital.

"Creemos que esto ayudará a difundir sus beneficios", confió un funcionario a iEco.

El 17 de diciembre, la Subsecretaría de Gestión Pública dio el último paso para su instrumentación, al firmar una resolución por la cual se autoriza a la AFIP y la ANSeS a operar como certificadores del sistema, un rol clave si se tiene en cuenta que esos organismos tendrán la responsabilidad de garantizar la identidad de los que "firmen" digitalmente los documentos.

De todos modos, al menos en un principio, la firma digital no estará disponible para todos. Si bien no confirmó ni desmintió la habilitación de la ANSeS para operar como certificadora, Pablo Fontdevila, gerente general de la institución, explicó que "se otorgarán certificados digitales sólo a aquellos que acceden a nuestra base de datos, es decir, funcionarios, usuarios, beneficiarios de la seguridad social, las entidades bancarias y las mutuales".

Fontdevila aclaró que la emisión de los certificados digitales tiene un costo, un impedimento para ofrecer el servicio a empresas y particulares. "Es muy probable que la AFIP sí emita certificados al sector privado", dijo. Hoy, los trámites en línea son cosa común. Un ejemplo: en la última moratoria previsional de 2007, 413.000 personas acudieron a las oficinas a realizar los trámites. Pero 1,3 millones lo hizo por Internet. Y el 90% de la recaudación fiscal llega por esa vía.

La firma digital no tiene nada que ver con los garabatos que utilizan habitualmente las personas. Se trata en realidad de un programa informático (llamado certificado digital) que genera códigos de altísima complejidad que garantizan la identidad de quienes lo firmaron y su integridad, es decir, que rechaza cualquier adulteración posterior.

La entrada en vigencia de la firma digital se hizo esperar. A fines de 2001, el Congreso sancionó la ley y un año despues se reglamentó. Las demoras se produjeron con el otorgamiento de licencias a empresas y organismos públicos interesados para operar como autoridades de certificación. Un informe reciente de la Auditoría General de la Nación advirtió que esta "falta de eficacia retrasa la mejora de los servicios del Estado hacia los ciudadanos" (ver Un informe crítico).

De todos modos, y aunque no tiene valor legal, la tecnología ya es utilizada en el sector privado. Hay varias empresas que ofrecen estos certificados, cuyo valor depende del tipo de operación y su complejidad.

Los más baratos, para uso personal, cuestan $ 30 anuales. Los más caros, hasta US$ 2.000. "El precio de un certificado tiene que ver con el uso que se le dará. Un carné de club no cuesta lo mismo que un pasaporte", graficó Daniel Cortés, de Certificado Digital, una empresa enfocada en el negocio.

A esta clase de operaciones se las llama firma electrónica. Y el nombre no es sólo un eufemismo: aunque se realicen con la misma tecnología, estos documentos no tienen el mismo valor legal, ya que los certificados son emitidos por empresas no habilitadas oficialmente por la Secretaría de Gestión Pública. Esto significa que las partes, en caso de controversias, no podrán recurrir a la Justicia.

En principio, sólo los documentos electrónicos certificados por la AFIP y la ANSeS tendrán el mismo valor legal que los de papel.

Pero hay varias empresas interesadas en el negocio de las certificaciones. Una de ellas, que a fin de año se postuló ante la Secretaría de la Gestión Pública, es la española Edicom. Pero en el mercado aseguran que hay varias más.

PASO A PASO

1º La firma digital son códigos informáticos. El primer paso es solicitar un certificado digital ante la AFIP o la ANSeS. Para eso, por única vez, hay que ir en persona para ser identificado. La clave es entregada en un pen drive.

2º Luego de crear un documento en la PC (contrato, fotos, declaraciones juradas, etc.) se lo "firma" digital mente con un software. De este modo, el receptor puede verificar fácilmente la identidad del emisor.

3º La AFIP y la ANSeS almacenarán en servidores ubicadas en "salas cofre", de máxima seguridad, una copia de los certificados. Si existen controversias con el documento, las partes podrán recurrirá la Justicia.

Un informe crítico

En noviembre pasado, la Auditoría General de la Nación criticó las demoras en la implementación de la firma digital. Aunque está disponible para el sector público desde 1998, "sólo se logró un avance inferior al 5%", dijeron. La ley 25.506, sancionada en 2001, estableció un plazo de cinco años para la "despapelización" del Estado. "La tirma digital no tiene implementación por la inexistencia de certificadores licenciados", puntualizaron los auditores. Nicolás Trotta, un alto funcionario de la Secretaría de Gestión Pública, el área a cargo de los licenciamientos, respondió a los cuestionamientos: "Es la visión de la AGN", dijo y señaló que la firma electrónica "desde hace tiempo ya se viene usando en algunos organismos públicos para trámites internos".