Publicado: 28-09-08  

La decisión de la justicia penal provincial de archivar la causa iniciada por anticipos financieros que el Instituto de Vivienda, malogró una sólida investigación que había sido realizada por el Tribunal de Cuentas, mediante la cual se demostró que el IPDUV pagó -durante la gestión de la Alianza- adelantos por obras que ni siquiera habían sido iniciadas y cuyas fechas de comienzo fueron falseadas.

Si bien la resolución de la fiscal Elsa Otero se refiere a sólo tres del total de obras denunciadas, en el TdC la novedad cayó como un balde de agua fría, ya que los demás casos son muy similares, y si se aplica el mismo criterio que esgrimió la fiscal, tampoco en ellos habrá proceso contra los responsables de esos pagos y del falseamiento de actas.

Constataciones sorprendentes

El escándalo salió a luz este año, cuando auditores del organismo de contralor se pusieron a verificar en qué estado se encontraban planes de viviendas adjudicados por el IPDUV en distintos puntos de la provincia, y por los cuales se habían pagado anticipos por sumas que, en conjunto, conformaban una cifra de varias decenas de millones de pesos.

Lo que encontraron las auditorías superó la capacidad de asombro de quienes tuvieron a su cargo los relevamientos, ya que no sólo los pagos eran irregulares (porque los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones efectuadas oportunamente prohibían expresamente la opción de abonar adelantos), sino que además ese dinero se anticipó para obras que debían haber tenido inicio un año antes o más pero que seguían sin tener al menos un ladrillo colocado. En algunos casos los complejos habitacionales ni siquiera tenían definidos los predios en que se construirían las casas.

Los pagos a cuenta fueron ordenados sobre el final de la gestión de la Alianza, a veces a menos de una semana del recambio de gobierno del 10 de diciembre del año pasado, por lo que se los consideró un elemento más del "Operativo Retirada" de la UCR y sus aliados.

Algo grave e inédito fue que prácticamente todas las "obras" auditadas figuraban en el Instituto de Vivienda como iniciadas, pese a que la mayoría no había comenzado todavía al momento de las inspecciones del Tribunal de Cuentas, efectuadas en el verano de este año. Pero en el IPDUV había "actas de inicio" que firmaban representantes del organismo y de las empresas constructoras, consignando fechas de arranque de 2007 o 2006.

Actas falseadas

El asunto intentó ser salvado por las autoridades salientes del Instituto luego de la derrota electoral del rozismo en septiembre del año pasado y antes de que asumiera la gestión justicialista. El recurso fue dictar una resolución por la cual se hicieron malabarismos dialécticos para afirmar que el "acta de inicio" era un trámite formal sin valor, y que en realidad las fechas reales de comienzo de obras se registrarían en "actas de replanteo". En un dictamen interno, diferentes estamentos del Tribunal de Cuentas dejaron en claro que ese criterio era inaceptable e ilegal, y ratificaron que las actas fueron falseadas, configurando un hecho delicado de características delictivas.

Además, observando los diferentes informes emitidos por las distintas operatorias involucradas en el asunto, se veía claramente que la decisión de pagar anticipos en obras que no preveían ese beneficio para las empresas, se aceleró luego de las elecciones de septiembre de 2007, es decir cuando ya se sabía que la Alianza iba a tener que dejar el poder en diciembre. Varios de los pagos se efectuaron, justamente, en el mes de la retirada radical.

Dentro de ese paquete de hechos sorprendentes, estaban los tres casos que archivó la fiscal Otero. Se trataba de 65 viviendas para familias aborígenes del Barrio Mapic, de Resistencia, adjudicadas por grupos a tres empresas constructoras. Según el IPDUV, las obras habían comenzado en distintas fechas de mayo y julio de 2007, por lo que les pagó anticipos por un total de 382.200 pesos. Las obras recién comenzaron realmente en abril de este año, luego de las inspecciones del Tribunal de Cuentas.