Publicado: 27-09-08

Durante dos días, jueces y fiscales federales de la Argentina y el exterior debatieron sobre la investigación de delitos contra la administración pública. El seminario fue organizado por la Fiscalía de Manuel Garrido. La burocracia y los intereses políticos son los mayores obstáculos en la pelea contra los ilícitos de guantes blancos, según los funcionarios judiciales.

Las investigaciones de delitos contra la administración pública enfrentan en la Argentina y en el exterior un sinnúmero de obstáculos que, muchas veces, frustran la resolución de los casos.

Esta fue la conclusión general a la que llegaron fiscales federales y jueces federales nacionales y extranjeros que debatieron sobre corrupción durante dos días en Buenos Aires.

El seminario "Lucha contra la corrupción: modelos de trabajo y gestión" tuvo lugar en la sede del Ministerio Público Fiscal, y fue organizado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), que conduce Manuel Garrido.

Aunque no se hizo hincapié en casos específicos, en las dos jornadas de debate sobrevolaron casos emblemáticos de corrupción como Skanska, Valijagate, IBMBanco Nación, entre otros.

"En este tipo de delitos, las condenas recaen sobre los más vulnerables. En general, suelen ser funcionarios de segundas o terceras líneas, pero casi nunca recaen sobre un ministro o un presidente", precisó en una de las mesas de debate el juez federal Julián Ercolini, que ha investigado casos resonantes, como las derivaciones de Skanska.

Los funcionarios judiciales criticaron, además, el actual código procesal penal que, por su lógica, hace que se superpongan causas y jueces, convirtiendo una pesquisa en un mecanismo burocrático sin destino.

Los magistrados y los fiscales coincidieron en que tienen que hacer un esfuerzo notable para recordar condenas contra funcionarios de primera línea por delitos contra la administración pública. Y alertaron que una carencia grave es que no se avanza en la recuperación de los activos que fueron desviados en casos de corrupción.

El fiscal Garrido, autor de varias denuncias contra funcionarios K, indicó que una de las principales trabas a la hora de avanzar con expedientes de corrupción es que, una vez que las denuncias toman estado judicial, la Fiscalía no tiene atribuciones para seguir con el expediente durante el proceso.

"Otra traba importante es que por una resolución de la AFIP que impone secreto fiscal, la FIA no puede acceder a la base de datos del organismo. Esto muchas veces frustra las investigaciones", dijo Garrido.

El funcionario hizo hincapié en la ausencia de un programa de protección de testigos para casos de corrupción: "Muchos de los que vinieron de buena fe a denunciar han sufrido represalias. Algunos fueron despedidos de sus trabajos, otros amenazados".

"Tan o más importante que la condena es la recuperación de los activos y ése es un aspecto descuidado en Argentina", consideró por su parte Martín Montero, titular de la dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA). También fue de la partida en la discusión el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. A los funcionarios corruptos "hay que tocarles el bolsillo" fue la conclusión general.