Publicado: 28-11-2009
 
por Daniel Muchnik

Hace pocos días el presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, polemizó con el Secretario de Transportes de la Nación Juan Pablo Schiavi a partir de un informe del organismo de control que perturbó a las autoridades oficiales. La investigación de la Auditoría, que concluyó a comienzos de noviembre y fue rubricada por todos los integrantes de la institución, confirmó que hubo mala gestión.

Las irregularidades en el manejo de contratos para la realización de obras ferroviarias se cometieron entre 2005 y 2008 por 1817 millones de pesos. La responsabilidad corresponde al extitular de la cartera Ricardo Jaime, quien firmó los pagos, hoy investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Schiavi cuestionó el estudio. Desde la Auditoría le contestaron que las irregularidades más frecuentes que se encontraron tienen que ver con la contratación de obras y en la falta de trasparencia de esos movimientos. Bastaría leer los montos con los que se operó.

Dinero de los que se tiene que hacer cargo el Estado, la sociedad entera.

Las contrataciones de obras no tenían presupuesto oficial previo, con lo que se vulneraban principios elementales. Una vez que se tenían en la mano las ofertas se optaban por la más barata, según un relativo y dudoso principio de " razonabilidad". El encuadre legal condiciona, por el contrario, la necesidad imprescindible de ese presupuesto oficial , luego la estimación previa del costo y finalmente la conveniencia o no de la propuesta. Estas fallas fueron advertidas en la Resolución 50 de la Auditoría del año 2007, que cayó en saco roto. Como está demostrado las ofertas pueden cartelizarse entre los interesados que más tarde se reparten los sobreprecios La Secretaría de Transporte se movió bajo el supuesto paraguas protector de la "Emergencia Ferroviaria" dictada un año después del colapso de 2001, la que permite que las inversiones se financien con las tarifas cobradas por los concesionarios, teniendo en cuenta que esas tarifas son tomadas a cargo del Estado.

Cada vez que había que remodelar vagones, colocar nuevos asientos, pintar y hacer cualquier servicio de infraestructura el concesionario hacía las contrataciones por su cuenta, sin cumplir con ningún encuadre porque era el Estado quien pagaba. La irracionalidad era manifiesta. Y el margen de dudas sembrado tras ello sin dudas inmenso.

Todavía no se ha hecho la cuenta completa del costo fenomenal que han implicado los subsidios para mantener ciertos servicios, cada vez más precarizados en ciertas áreas, con lo que se logró una "economíaficción", o "irreal".

Pero puede servir de ejemplo el Presupuesto Nacional 2008. En él las "transferencias al sector privado" aumentaron un 153 por ciento. Se canalizaron para financiar a empresas privadas de servicios públicos . Ese porcentaje significó, en números, que sobre un cálculo inicial de 8.708 millones de pesos se autorizó a subsidiar gastos corrientes de firmas relacionadas al transporte, el combustible, la energía, la minería y la agricultura por 22.000 millones de pesos. Estos datos fueron divulgados por el Monitor Presupuestario del sitio www.elauditor.info.

Si bien la negociación salarial con los gremios del Estado derivó en una suba del 19,5 por ciento promedio, el incremento fue pautado en dos partes y recién entró en vigencia a partir del segundo semestre. Hasta septiembre de ese año había sido ejecutado el 68 por ciento del total.

En el ítem "Servicios Económicos" (acciones relativas a la infraestructura de producción del sector público y privado) se autorizaron gastos por un 72 por ciento más de los previsto y se pasó de 25.845 millones de pesos a los 44.452 millones de igual moneda.

Otro dato para tener en cuenta : entre 2005 y 2008 el Presupuesto del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales) se elevó un 7.309 por ciento. En vez de fiscalizar, función que posibilitó su nacimiento, un decreto la autorizó a contratar y ejecutar obras de reparación y construcción de caminos, colectoras y rotondas.