En la Argentina, por lo general, los procesos electorales presidenciales no se caracterizan por un amplio y franco debate acerca de las políticas públicas concretas que los candidatos habrán de llevar a cabo en caso de llegar al poder.

La superficialidad y falta de concentración en las discusiones conducen, muchas veces, a improvisaciones o a la adopción, luego de la asunción, de políticas sorprendentes y contradictorias.

En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, además, los candidatos suelen echar mano de generalizaciones y de propuestas que suelen apuntar a mirar exclusivamente hacia el pasado, es decir, a la revisión de lo actuado por otros.

En 1999, por ejemplo, se planteó una recordada discusión entre quienes dentro de la entonces triunfante Alianza promovían la creación de una comisión bicameral que revisara los negocios de la década del 90, mientras que la postura más conservadora sólo propiciaba reemplazar al entonces oscuro fiscal nacional de investigaciones administrativas.

En la incipiente carrera electoral de este año, podemos apreciar el silencio de los que carecen de interés en que el tema se erija como punto de debate, y otros posibles candidatos que han empezado a mencionar estas cuestiones y han arriesgado elementales propuestas. Frente a aquellos que se limitan a reivindicarse como supervivientes de una supuesta raza en extinción de políticos honrados, es elogiable la posición de quienes alcanzan a formular algunas ideas, como la pegadiza de la Conadep de la corrupción que mencionó el senador Ernesto Sanz al lanzarse como precandidato del radicalismo.

Sin embargo, esa propuesta, como la de la comisión bicameral que proponía Carlos Alvarez ("Chacho") en 1999 revela esa limitada visión de la agenda de transparencia y anticorrupción como persecución del pasado y no como políticas activas integrales de cada gobierno en tiempo presente y de cara al futuro.

Esa idea, además, se formuló hace más de una década, tiempo en el que el país creó organismos, trató de reencauzar otros, fracasó en algunos casos y obtuvo resultados con algunas políticas que exceden de las investigaciones de hechos que luego son destrozadas, en general, por la justicia federal.

Una propuesta adecuada en materia de transparencia, hoy en día, al menos debe restaurar la desahuciada Oficina Anticorrupción, dotarla de la independencia necesaria y revisar su composición y ubicación institucional; tener un enfoque federal; hacerse cargo de la falta de elementos básicos como un código procesal penal acusatorio y leyes de acceso a la información y de protección de denunciantes y testigos, y una reforma profunda del Ministerio Público y de la justicia federal que no se limite al respeto formalista de su independencia sin hacerse cargo de su pavorosa ineficacia.

Asimismo, se debe prestar atención a la ausencia de un órgano de control de la ética pública en todos los poderes, cuya consecuencia es la actual falta absoluta de control de las declaraciones juradas patrimoniales de legisladores, jueces y fiscales.

Es de esperar que, en el curso de este año y a partir de la confrontación de ideas y de la participación de la sociedad, los candidatos hagan más sofisticadas sus propuestas de abordaje de los importantes desafíos pendientes.