Aun a riesgo de incurrir en una perogrullada, podría ser útil advertir que el mejor modo de saber la verdad -o lo más parecido a ella- ante las discordancias entre lo que afirman los oficialismos y lo que replican los sectores opositores es recurrir a las estadísticas, con todos los reparos que ahora pudieran oponerse a ellas después del derrumbe de confianza generado por el INDEC, que debió ser siempre el espejo de objetividad en que no pudieran dejar de mirarse todos los encuestadores, públicos y privados.

Aquí en Catamarca se impuso por ley que los recursos de las regalías mineras -tanto en la jurisdicción de la Administración Provincial como en la de los municipios- deberán servir para sentar las bases del desarrollo que impidan toda involución o estancamiento cuando la explotación minera haya concluido y, con ello, la veta generosa pero sólo provisoria de las regalías.

Resulta difícil saber si los fines establecidos por la ley se están buscando realmente o si se está todavía en ese estado de perturbación que suele atribuirse a los nuevos ricos -ricos por un golpe de fortuna-, que más de una vez terminan en la miseria provocada por la dilapidación irresponsable.

En la provincia hay más de una razón para inferir que, en lo que respecta a varios municipios, el aludido aturdimiento está probado a través de algunos episodios que por su envergadura han tenido trascendencia periodística y hasta son motivo de auditorías del Tribunal de Cuentas y de causas judiciales. Incluso se ha dado un caso en que se ha optado por usar las regalías en operaciones financieras que, si bien producen significativos réditos y parece que sin ninguna transgresión, demoran aquella construcción para el futuro previsto por la ley.

En cuanto a la suerte de los recursos mineros que le corresponden al Gobierno y que también deben ser invertidos conforme a la misma norma que obliga a los municipios, hay casos en que se han destinado a otros fines -están el de la asistencia a la Municipalidad de la Capital y el de la cesión al IPV, por más que pudiera hablarse de préstamos con cargo de devolución-.

Los mensajes oficiales proclaman que se está trabajando para aquel porvenir que sólo será posible con esfuerzo lúcido y sin distracciones. Por el contrario, de las frecuentes manifestaciones opositoras podría deducirse que no ocurre tal cosa y que habría que saberse que más se avanza hacia una frustración que hacia un estado en que, en su momento, no deba lamentarse la desaparición de la explotación minera y de las regalías.

Desde ya, no se cuenta con estudios que ofrezcan información certera sobre el grado de buena orientación o de extravío en lo que toca a la búsqueda de un futuro sólido a pesar de la inexistencia de regalías. Pero puede hallarse indicios en informes que evalúan la realidad del conjunto de las provincias y que ubica a cada una en una tabla que hace posible darse alguna idea sobre la cuestión.

Podría ofrecer algunas luces el estudio de la consultora privada Delphos Investment, que ha elaborado una tabla nacional que mide, provincia por provincia, el índice de capacidad productiva y presión fiscal, la infraestructura, el financiamiento, la integración comercial, la ciencia y tecnología y el desarrollo humano. El promedio de todos estos rubros determina, según la consultora, el nivel de competitividad de cada jurisdicción.

Catamarca no tiene en esa tabla una posición que pudiera ensoberbecerla. Ni siquiera dejarla tranquila. En el conjunto de los 24 Estados, los catamarqueños están en la décimo sexta posición. Pero hay un detalle que vuelve al dato más odioso: Catamarca es la única, entre las provincias que recibieron los beneficios de la promoción industrial, que no figura entre las 10 jurisdicciones más competitivas, con el agregado de que en el concierto del NOA, sólo Tucumán está peor que ella. Y hace más patente la realidad, el hecho de que San Juan, una provincia con el régimen de promoción industrial como Catamarca y también, con ingresos por la minería, está posicionada en el 2º lugar del ranking, y algo parecido ocurre con San Luis y La Rioja, que están en el 4º y 9º puesto, respectivamente.

Así el panorama, habrá que tomar nota de lo que aconseja la consultora Delphos: "aquellos distritos que no registran buenas mediciones deberán revisar las políticas públicas que vienen desarrollando en los últimos años, con el objeto de formular un programa que permita apuntalar las actividades productivas", porque "las condiciones internacionales son tan favorables al país como no lo eran desde hace un siglo". Moraleja arrimada por la misma consultora: "aprovechar esta oportunidad es responsabilidad de todos y, fundamentalmente, de quienes ocupan cargos públicos".