El rango constitucional del Tribunal de Cuentas debería incluir la mayor cantidad de facultades posibles para intervenir e investigar, opinó el convencional constituyente de la Unión cívica radical (UCR), Jorge Monge. "La autonomía del Tribunal de cuentas debe sostenerse con otros mecanismos de control, por sí solo es insuficiente", informó a AIM el dirigente oriundo de Diamante.

También señaló que "la tarea del Tribunal de cuentas debe reforzarse con los mecanismos de control en los que intervengan los partidos políticos, las organizaciones sociales y la sociedad toda".

Sobre el debate del dictamen de la comisión de Control del Estado sobre el Tribunal de cuentas, que se dio hoy en la convención constituyente para reformar el artículo 143 de la Constitución, con despachos por la mayoría y la minoría, el convencional radical advirtió que "el rango constitucional del organismo debe incluir la mayor cantidad de facultades posibles para intervenir e investigar".

Para Monge el texto de la Constitución debería consagrar rotundamente las mayores garantías de independencia para el desempeño del Tribunal, a fin de evitar que los controlados condicionen su funcionamiento interno. "Además de establecer su autonomía funcional, tendría que mencionarse expresamente que tiene la facultad de proyectar y ejecutar su propio presupuesto como también de nombrar y remover a sus empleados conforme las normas constitucionales".

Destacó que la sociedad exige mejores organismos de control para la gestión que garanticen mayor transparencia de la tarea de administración y disposición de los dineros públicos. "Debe restituirse al Tribunal la atribución de actuar los juicios administrativos de responsabilidad, cuestión que estaba contemplada en nuestra provincia por el decreto ley 4997, que fue detraído en 1993 por la ley 8738", expresó.

También explicó a esta Agencia que el radicalismo contempló la creación de una Fiscalía general en manos de la oposición, con intervención obligatoria en todas las actuaciones en que se postule la aprobación o el archivo de las rendiciones de cuentas y que además, "tenga facultades para iniciar investigaciones de oficio, realizar denuncias y apelar las resoluciones del Tribunal de cuentas".

Monge señaló que "en el pasado inmediato la actuación del Tribunal no se ha caracterizado por acciones que permitieran evitar muchos casos de corrupción, ya que de hecho, los pocos funcionarios condenados por delitos contra la administración pública fueron en su mayoría por de denuncias e investigaciones del periodismo independiente y de la oposición en algunos casos. Lo cierto y concreto es que ha quedado en la memoria el cercenamiento de facultades por la ley 8738, así como la creación de la comisión Investigadora en la cámara de Diputados; cuya concreción fue revestida con el argumento de investigar posibles negligencias o inacciones del Tribunal en varios hechos sospechados de corrupción en diferentes gobiernos".

Lamentablemente, indicó, "lo único que hizo esa comisión investigadora fue allanar la sede del Tribunal y secuestrar documentación que involucraba, mencionaba o comprometía a algún legislador. Por eso, los mejores controles al poder se dan con la participación responsable y comprometida de toda la sociedad".