El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, afirmó que en base a los informes del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura, así como de la propia investigación, se hará en los próximos días una demanda judicial para determinar la responsabilidad de ex funcionarios en el acuerdo de la empresa Yamiri SA con la multinacional Barrick por la explotación minera del Famatina. 

"Es facultad de este Gobierno determinar sus responsabilidades para que no queden impunes aquellos funcionarios que nos han entregado con legislaciones y armados hechos a propósito, que hoy pasean tranquilos por las calles, nadie los acusa, no están citados por la Justicia y tienen una gran cortina de humo para que los gobernantes nos entretengamos con los que reclaman, cortan rutas o protestan frente al Gobernador", señaló Mercado Luna.

Mencionó al ex gobernador Angel Maza y a Carlos Medina (presidente de Yamiri) como los responsables de articular acciones desde hace prácticamente 20 años. "Maza y Medina no eran visionarios, sino que eran la punta de un iceberg de inversiones que estaban haciendo su avanzada en América latina --en Argentina en particular-- y que después plasmaron en leyes nacionales de inversiones mineras, promociones mineras y los protocolos de integración argentino-chileno y del sur, que dieron después el puntapié inicial para que arriben estos grandes capitales para hacer un gran negocio".

El fiscal de Estado puntualizó que "habrá que adjudicar responsabilidades de incumplimiento a los deberes de funcionario público, violaciones a la ley, negociaciones incompatibles con la función pública; pero sobre todas las cosas se trata de marcar un punto de inflexión en un tema que legítimamente divide a muchas personas" y añadió que "la función de los próximos gobiernos constitucionales va a ser empezar a encauzar esta gran riqueza en algo que verdaderamente sea en beneficio de las provincias".

Mercado Luna afirmó que desde la Fiscalía de Estado y por pedido expreso del Gobernador se va a continuar con las investigaciones –que llevan ya seis meses-- para determinar responsables y tener un acabado relato de la historia. La instrucción es que se avance en la investigación, "si el gobernador Beder Herrera hubiese tenido intenciones de arreglar no hubiese habido informes, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura no habrían actuado y la Fiscalía hubiera tenido trabas".

UNA LARGA HISTORIA

Mercado Luna considera que para entender lo sucedido en estos cinco últimos años hay que comenzar a conocer lo que viene sucediendo desde hace casi veinte años, época en que Carlos Menem transitaba su segunda gobernación. En aquel entonces había una empresa minera absolutamente estatal, luego en 1987 se pasa a una sociedad de economía mixta donde comienza la verdadera historia que termina después en esta sociedad anónima que es YAMIRI SA.

A partir de allí y hasta la llegada de Bernabé Arnaudo a la gobernación riojana existe un hilo conductor de personas en común que pacientemente van trabajando. Entre ellos Carlos Medina, un geólogo que viene a La Rioja y arriba a la Dirección de Minería de la mano de los gobernadores de la dictadura militar. Por su profesión, comienza a tener una relación con Angel Maza. Por aquel entonces nadie conocía que la minería era un gran negocio, salvo unos pocos.

La investigación pedida por el gobernador Beder Herrera "es iniciada por la Fiscalía a partir de un informe de 1992, año en que Maza era presidente de YAMIRI y Medina el vicepresidente.

Justamente, son ellos quienes firman un memorándum donde aseguran que las condiciones de la empresa cuasi pública – estatal, no son los mejores para un negocio importante en el tiempo y que se debe apuntar a la privatización de la empresa, transformándola en Sociedad Anónima. Para ello, el Estado debía vender las acciones y dar paso a la iniciativa privada.

Existe un período del año 1992 en el cual se paraliza la iniciativa plasmada en el Expediente 021/97 que se origina en el Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo, sobre la transformación de la empresa Yamiri SEM en Yamiri SA. En dicho expediente hay también un hilo central: si bien el Estado debe privatizar vendiendo sus acciones de manera paulatina, se comienza recién a activar el expediente cuando Maza llega a la Secretaría de Minería de la Nación y Medina a la presidencia de Yamiri SEM.

La estrategia que llevaría a la privatización de la SEM comenzaba a moverse junto con este expediente y con una cantidad de socios que eran casi "obligados" a que tengan acciones. De esta manera, la empresa comienza a transformarse, a mover todos los mecanismos y resortes legislativos, de la Fiscalía de Estado de aquel momento, del asesor de gobierno y se inician los pasos para la privatización que se hace en asamblea.

Si bien la privatización se hace en el año 1996, se culmina con una asamblea en el año 1997. El dictamen de la Cámara de Diputados --vinculante-- el del asesor General de Gobierno, del fiscal de Estado y del propio Medina y Maza dice que "el Estado debe vender su participación accionaria" y que "el Estado tiene que tener permanentemente acciones dentro de esta empresa". Sobre esto, el funcionario provincial señaló que "es lógico", porque el Estado viene aportando bienes de capital, que son casi 300 mil australes y las propiedades mineras sobre las minas "La Mejicana" la más importante que es el proyecto Famatina, y estos ingresan como patrimonio de la nueva sociedad puesto por el Estado provincial.

Mercado Luna advirtió que al aprobarse esta sociedad, hay dos artículos con los que considera que "ha habido una violación del deber de custodia por parte de los responsables que en nombre del Estado estaban en la empresa".

El fiscal argumenta que "el artículo 43 del estatuto dice que el Estado, para que sea una sociedad anónima, tiene que dejar de controlar a toda la sociedad y proponen que mantenga permanentemente el 20 por ciento –en vez del 51 como tenía-- y además expresa el estatuto que para que no tenga que depositar, cuando se hagan aumentos de capital, los que compren acciones deben pagar un sobreprecio para que sean capitalizadas las acciones del Estado para que no ponga un peso". El otro artículo establece que "el Estado debe, a partir de la inscripción de la nueva sociedad en el plazo de dos años, vender o transferir sus acciones en porciones no mayor al 10 por ciento del capital, a capitales privados y personas físicas privadas".

Esto es el año 1997, pero en 1999 no hay registros de que se hayan vendido, transferido acciones. En el 2000 comienzan a registrarse movimientos de transferencias de acciones. El Estado que tenía 124 mil acciones de clase A y 80 mil de clase B, tenía que conservar esas 80 mil porque representaban el 20 por ciento pero debía transferir las 124 mil clase A, dado que ésas eran destinadas a los privados y la B era exclusivamente para el Estado.

El fiscal subrayó que "hasta el 2004, que el Estado pasa de tener 124 mil a 4 mil acciones de clase A y el 20 por ciento de la clase B, nunca se habló, registró ni se pudo comprobar transferencia alguna del Estado sobre sus propias acciones, sin embargo, sí se producían aumentos de capital, pero eran muy pocos los que compraban". Es a partir del 2002 que se comienzan con los incrementos de capital de 100 mil, 200 mil pesos, de este modo el Estado siempre iba aumentando el 20 por ciento; es decir que "alguien pagaba el sobreprecio de la acción, había nuevos suscriptores y otros que eran siempre los mismos que compraban, pero el Estado iba perdiendo acciones a lo largo de cuatro años".

Sólo eran 43 accionistas entre los que figuraban ex secretarios, ex ministros, ex gobernadores y personalidades de aquel entonces.

Luego, en el 2002/3, aparecen otras empresas que comienzan a absorber acciones y desaparecen estos 43 originarios socios de la empresa estatal para reducirse a dos o tres accionistas grandes.

Algunos nunca venden sus acciones como Carlos Menem pero la proporción fue achicándose y las 694 acciones que eran importantes hace 20 años, hoy representan un 0.03 por ciento.

HISTORIA RECIENTE

Corría el 2000 y llega a la Dirección de Minería, Mercedes Ortiz, prima hermana del gobernador Maza y pareja del geólogo Carlos Medina, que se desempeñaba como presidente de Yamiri.

Con ese escenario "vuelve todo este armado a dar movimientos y nadie sabe porqué comienza a darse la venta de acciones".

Mercado Luna manifiesta que cometen un grave error, dado que en el año 2000 la directora de Minería aparece comprando 100 acciones, con lo que incurre en incompatibilidad por la propia ley.

Ortiz se desempeña en Minería hasta el 2005, año en que Yamiri concreta el gran acuerdo con la Barrick. Ya en el 2004, mediante un memo que Barrick le envía al presidente de Yamiri –Medina-- le transcribe lo que va ser el acuerdo que se conoce recién en el 2005. Muy pocos conocían este acuerdo y terminan monopolizando las acciones de particulares. Medina, el presidente de la empresa, era un accionista con una mínima proporción de acciones, en un aumento de capital pasa de tener 200 acciones a 2 mil acciones.

Por distintas documentaciones que se van examinando en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Estado, se comprobó que ellos conocían que se venía un gran negocio. A mediados del 2003 ya existe contacto con la Barrick.

VALOR DE LAS ACCIONES

Teniendo como base los convenios de venta de acciones del año `94 --antes de la transformación en SA-- y otro del año 2002, ya como SA se puede calcular el valor de las acciones.

De este modo, si los representantes del Estado hubiesen cumplido con transferir las 124 mil acciones que tenían, solamente tomando ese precio, sin conocer el contrato con la Barrick estamos hablando a valores de ese momento, de 26 millones de dólares.

"Nunca los representantes del Estado dijeron nada sobre estas acciones", apunto Mercado Luna e hizo referencia a que tanto los decretos, las resoluciones eran labor reservada para la gente de estrecha confianza del ex gobernador Angel Maza, quien siempre firmaba y controlaba las designaciones, porque "nunca hubo ni siquiera otro dirigente que estuviese allí que no le respondiera personalmente".