A partir de la denuncia de un grupo de vecinos de la Cuenca Matanza-Riachuelo por la alarmante contaminación en esa zona, la Corte decidió intervenir en el conflicto que afecta la vida y salud de más de cuatro millones de habitantes. A partir de 2006, el tribunal celebró numerosas audiencias públicas en el 

caso "Mendoza" para analizar la contaminación de la Cuenca y su impacto sobre la población, y para exigir al Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adopción de medidas urgentes tendientes a remediar la situación. Ante el incumplimiento del plan de saneamiento presentado por los gobiernos, el tribunal dictó una sentencia con medidas concretas para lograr la urgente recomposición de los daños producidos por la contaminación ambiental.

La sentencia, que fue innovadora, estableció una extensa lista de acciones obligatorias que incluyen detener la contaminación, sanear y erradicar basurales, limpiar la ribera del río,construir desagües y cloacas, expandir la red de agua potable e implementar un plan sanitario de emergencia para asistir a la población afectada por enfermedades. Para asegurar la participación ciudadana y la transparencia del proceso, la Corte dispuso que el defensor del Pueblo de la Nación coordine la intervención de las ONG presentadas en la causa y que la Auditoría General de la Nación realice el control sobre la asignación de fondos y la ejecución del plan de saneamiento.El caso no está aún cerrado.

El cumplimiento de las medidas dispuestas por la sentencia será supervisado por un Juzgado Federal de Quilmes. La causa seguirá en trámite ante la Corte hasta determinar la indemnización correspondiente por el daño colectivo -ya que los daños y perjuicios individuales serán revisados caso por caso por los tribunales inferiores.

Víctor Abramovich, Universidad de Buenos Aires.

La actual Corte Suprema recuperó su espacio institucional, no sólo porque es independiente del poder político, sino porque afirmó valores relevantes para la reconstrucción de la vida democrática tras la crisis de 2001. Lo hizo al juzgar sobre crímenes de lesa humanidad, garantías procesales, libertad de expresión y derechos sociales. También al mejorar la transparencia de sus procedimientos, la difusión de sus decisiones y el perfil público de los jueces. En un escenario político siempre turbulento, la Corte es un activo común que tenemos que fiscalizar y cuidar.

Martín Böhmer, Universidad de San Andrés.

Cuando nuestros representantes deciden en contra de nuestros derechos, o cuando modifican los procedimientos de la deliberación democrática para mantener su poder, sólo una institución que no depende del voto puede interponerse para mantener las promesas de la Constitución.

El Poder Judicial es esa institución, y la Corte Suprema su voz final. Su historia no está exenta de claudicaciones, pero desde la democracia la Corte está reconstruyendo con éxito su legitimidad. Acompañarla es tarea de todos.