Publicado: 03-01-2012 
  
Los legisladores no analizan 432 informes sobre irregularidades elaborados por la Auditoría General de la Nación.

Con un costo difícil de medir para la salud de nuestras instituciones, continúa y se agrava el lamentable y peligroso debilitamiento de los organismos de control. El último episodio de esta saga lo constituye el hecho de que 432 informes sobre irregularidades que elaboró la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre distintas áreas de la administración pública permanecen sin ser analizados por los legisladores y, por lo tanto, sin ser aprobados o rechazados.

Lo más probable, como informó La Nacion al revelar este callado escándalo, es que la mayoría con que cuenta el oficialismo en ambas cámaras impida definitivamente el tratamiento de esos expedientes, que comprenden investigaciones realizadas por la AGN en áreas que han protagonizados sonados casos de corrupción o irregularidades, como el Occovi -organismo que controla las concesiones viales que manejó hasta 2008 Claudio Uberti- y la Administración de Programas Especiales (APE), que está bajo sospecha en la causa de la mafia de los medicamentos.

También hay informes sobre auditorías efectuadas en áreas estatales vinculadas con comunicaciones, transporte, agua y energía, seguridad social, deuda pública, transferencia de fondos a provincias, municipios y al sector privado, control sobre bancos públicos y cuentas de inversión.

Gracias a la labor que desde hace años lleva adelante el radical Leandro Despouy al frente de la AGN, este organismo de contralor constituye uno de los pocos que, contra viento y marea, aún cumplen su labor pese a todas las trabas del oficialismo. Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de la lucha contra el lavado de dinero, se ha convertido en un instrumento de persecución de disidentes, al igual que la Comisión Nacional de Valores (CNV). La Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Oficina Anticorrupción (OA) han caído en la inacción o la irrelevancia.

Las 432 auditorías frenadas en el Congreso ya cuentan con el veredicto de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento, integrada por legisladores oficialistas y opositores. Muchos de esos informes no tienen disidencias y podrían aprobarse rápidamente, pues no generan mayores conflictos políticos. Otros son resistidos por el oficialismo.

De todos modos, hay también una clara responsabilidad de la oposición política, pues cuando ésta fue mayoría en la Cámara de Diputados no impulsó la inclusión de estas auditorías en los temarios por ser debatidos en el recinto.

Despouy afirmó a LA NACION que "a pesar de nuestro esmero en elaborar los informes el problema sigue siendo del Parlamento, que se convirtió en un cuello de botella al no tratarlos en el recinto. Desvirtúa, así, el papel de control que debe ejercer la AGN por mandato de la Constitución nacional".

Los informes paralizados han descubierto, por ejemplo, que el Estado nacional giró en 2009 al Ferrocarril Belgrano Cargas mayores fondos que los previstos en el acuerdo y que hay fallas en la presentación de los programas de mantenimiento en infraestructura y obras.

En la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) determinó que ese organismo tiene un presupuesto y recursos humanos insuficientes para realizar actividades y controles esenciales, que hay poca cobertura de los programas de prevención sobre el uso indebido de drogas y que hay grupos poblacionales para los que no se diseñaron programas preventivos.

Se han observado además deficiencias en las tareas de fiscalización del transporte de cargas efectuadas por las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que hay demoras en la instalación del sistema de tarjetas para el control del transporte automotor de cargas en las estaciones de peaje.

Ante la situación actual, a la que se suma la información que le retacea el Gobierno para impedirle su labor, Despouy ha concluido que la AGN no tendría razón de existir "de no ser por el interés que muestran la ciudadanía y los medios de comunicación por los informes que elaboramos".

Al dar la espalda a la esforzada labor de la AGN, el Congreso nada hace para combatir la corrupción y para tratar de impedir que la obligación republicana de rendir cuentas se vaya convirtiendo en un simple recuerdo.