La resolución por la cual el juez Carlos Flores procesó al ex director provincial de Deportes, Sergio David, por enriquecimiento ilícito, deja en claro otra vez la falta de controles que el Tribunal de Cuentas ejerce sobre las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales, a pesar de que tiene un división exclusiva para ocuparse del tema.

En el testimonio brindado en la causa, la jefa de la División Control Patrimonial del Tribunal de Cuentas, Gladys Leonor Rapanelli, lo dijo de manera inequívoca: la testigo expresó que "no hay manera de detectar" si los funcionarios mienten u omiten datos cuando presentan la documentación.

Frente a esa explicación, la primera pregunta que surge ?simplemente por sentido común? es: ¿para qué sirve tener una división de Control Patrimonial si su propia jefa admite que "no hay manera" de controlar? El segundo interrogante sería: ¿cuál es la diferencia de que los funcionarios entreguen las declaraciones juradas en las áreas de Maestranza, Mantenimiento o Personal en lugar de en Control Patrimonial?

David no solamente fue procesado por un enriquecimiento de 626.000 pesos, durante su paso por la función pública, sino también por omisión y falsedad de las declaraciones juradas presentadas ante el TdeC.

Ese agujero negro que deja el Tribunal no es la primera vez que se refleja en una causa penal. A fines del año pasado, la Cámara en lo Criminal 1, al condenar por sustracción de dineros públicos y pago de coimas al ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Hugo Agüero, y al ex gerente general, Luis Araniz, le dio vista al fiscal de turno para que investigara a las autoridades del TdeC por la falta de controles sobre las cuentas corrientes del IPAV.

Esa investigación nació mal porque un fiscal se declaró incompetente, porque una fiscalía no tenía fiscal, porque... etc., etc. Lo cierto es que nunca se supo qué pasó con esa causa. Paradójicamente la vista había sido pedido, durante el juicio, por el fiscal de Cámara, Mario Bongianino, el mismo funcionario que hoy es el jefe de los fiscales. El solicitó "saber cuál fue la responsabilidad de sus más altas autoridades por el descontrol evidente" que existía en el Tribunal de Cuentas. Una cuenta por la que fluían miles y miles de pesos fondos nunca había sido controlada. De ella salieron los fondos para pagar las coimas.

Causa congelada.

Además, en el Juzgado de Instrucción 7, hay abierta otra causa penal ?que quedó congelada hace más de un año? donde cuatro empleadas del TdeC están imputadas por los débiles controles ejercidos sobre las cuentas del IPAV. Ese expediente fue promovido por la ex jueza de instrucción, Verónica Fantini, como una derivación de la megacausa por el desvío de casi un millón de pesos de Vivienda.

Las imputadas fueron indagadas como sospechosas de cometer algún delito, aunque nunca se resolvieron sus situaciones procesales. Florencia Maza, la jueza que acaba de asumir al frente del tribunal, tendrá que definir si las procesa o no. Las mujeres son la ex jefa de División Central, María de los Angeles Sarricouet de Rausch; la subjefa de la División Central, Marta Blanco de Contreras, una empleada que controlaba las rendiciones en el IPAV, Gladys Clement de Matus, y una pasante, Flavia Vargas.

En el juicio de la megacausa del IPAV, Matus, con tres décadas de relatora ?sin haber sido capacitada específicamente para efectuar los controles? declaró que para realizarlos se basaba en un instructivo dado por el Tribunal. Su única labor era chequear que los comprobantes de pagos se correspondieran con los de gastos. Por ejemplo, recibía un número de cheque con el importe, pero no el cheque porque ese gasto ya había sido pagado. ¿Cómo saber si estaba bien pagado? Vaya uno a saber?

La testigo del juicio de Agüero y Araniz manifestó que esa tarea la "hacía sola, sin ayuda", a pesar de que las rendiciones eran por millones de pesos. Detalló que con la sumatoria de las rendiciones diarias efectuaba las rendiciones mensuales. O sea, ella miraba que si entraban 100 pesos, salían 100 pesos, sin importar si el dinero había sido afectado a lo que debía ser afectado. Y, le puso la frutilla al postre, cuando enfatizó "nunca hizo observaciones; nunca hubo nada fuera de lo normal".

En esas audiencias también testificó su superiora, Sarricouet, también con tres décadas de experiencia en el TdeC. Contó que ni ella, ni su jefe inmediato, el vocal Rubén Rivero, ni el presidente Natalio Peres veían las rendiciones del IPAV. "Solamente el relator controlaba la documentación". Léase, el eslabón más débil de la cadena.

¿Un organismo puede tener una cuenta y el Tribunal de Cuentas no enterarse?, llegó a preguntarle Bongianino.

¿Si no la comunica el funcionario?

¿O sea que sólo controlan las cuentas que un organismo les dice que tienen que controlar.?

Claro.

¿Si un organismo no quiere que le controlen una cuenta, ustedes no la controlan?

En ese juicio, el propio Peres declaró que las sentencias aprobatorias del Tribunal sobre las rendiciones son cosa juzgada y no pueden revisarse. La Cámara 1 le respondió que hasta la Corte Suprema se ha pronunciado acerca de la posibilidad de revisar las sentencias de los tribunales administrativos.