Publicado: 05-01-2013

Mientras el Gobierno acusa a las compañías privadas de distribución de una mala prestación del servicio eléctrico, la gestión oficial de la energía se convirtió en el blanco de los últimos golpes que le asestó la Auditoría General de la Nación (AGN) a la administración de Cristina Kirchner.

El organismo presentó en diciembre último un informe en el que denuncia la aplicación de una mala política de subsidios, la falta de estímulo a la inversión privada, retrasos tarifarios, falta de control estatal y la reticencia oficial a que YPF sea controlada por el organismo.

La misma AGN concluyó otro trabajo, al que tuvo acceso LA NACION, en el que despliega críticas a Enarsa, la compañía estatal de energía, que funciona bajo el control del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Según el trabajo de la AGN, Enarsa no organizó de manera adecuada la construcción de grandes centrales eléctricas, lo que -entre otras cosas- ocasionó demoras en la ejecución de los proyectos y un aumento en el precio final.

Habla, específicamente de las centrales Ensenada del Barragán, en la provincia de Buenos Aires y de la Brigadier López, en la provincia de Santa Fe que, además, no contaban con la habilitación comercial definitiva de Cammesa [la compañía administradora del mercado eléctrico], a la fecha de la finalización de las tareas de campo.

La AGN sostiene que las centrales, en algunos casos, comenzaron a operar sin la habilitación ambiental y con problemas en la documentación contable.

"Este informe completa otro que hicimos sobre la crisis del sector energético. El Gobierno ha dicho que no hay un problema de generación, sino de distribución, y que las empresas son las responsables de lo que está aconteciendo. Este informe pone de manifiesto que la generación de electricidad tiene enormes déficits. Hay un problema también de costos, que se agrava porque el Gobierno lo ha hecho con enorme improvisación, lo que ocasionó sobrecostos", explicó Leandro Despouy, titular de la AGN.

Estados contables 

El organismo de control del Estado sostuvo que Enarsa no contaba, a finales del primer trimestre del año pasado, con estados contables auditados correspondientes a 2011. Se trata de un dato importante debido a que la compañía es, después de Cammesa, la segunda entre las mayores receptoras de los millonarios subsidios a la energía que dispone el Gobierno. Hasta octubre del año pasado, por ejemplo, había utilizado 24.711 millones de pesos, con un incremento del 94,3% con respecto al mismo período del año anterior.

La mayor parte del trabajo versa sobre el proceso de adjudicación y construcción de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, cuyo precio fue originalmente establecido en $ 1.508,72 y $ 1.016,04 millones más IVA y quedó en manos del consorcio Isolux Ingeniería-Iecsa.

El mejor ejemplo de la dilación de los plazos, según la AGN, fue lo que ocurrió con la central Brigadier López, construida en el parque industrial de Sauce Viejo.

"La obra fue suspendida por 270 días por resultar necesario la adquisición de terrenos aledaños por insuficiencia del oportunamente elegido para erigir la central. El 28 de octubre de 2011 se acordó la construcción de un tramo del gasoducto. Las nuevas obras encaradas más la suspensión de los plazos generaron retrasos en la ejecución de ambos contratos", explica el informe de la auditoría.

El organismo que conduce Despouy dijo que esas demoras se tradujeron en mayores costos. "Los montos contractuales, al cierre del período auditado, se vieron incrementados por las redeterminaciones del componente en pesos en un 16% para Ensenada de Barragán y un 17% para la Central Brigadier López."

Según la AGN, durante el período auditado, Enarsa "llevaba la contabilidad de las inversiones de ambas centrales térmicas dentro de una misma cuenta, sin identificar los montos correspondientes a cada unidad".

Además, siempre según el informe elaborado por el organismo que conduce Despuy, la auditoría no pudo determinar "la procedencia de los ingresos percibidos por Enarsa por aproximadamente 175 millones de pesos al 31 de diciembre de 2011" para el financiamiento de ambas centrales.

Descargo 

La AGN le envió el informe a Enarsa el 8 de agosto del año pasado. A esas alturas Exequiel Espinoza ya había abandonado la presidencia de la compañía, luego de que la relacionaran con la financiera SGI, vinculada a su vez a una investigación por lavado de dinero (más tarde lo sucedió Walter Fagias, otro hombre de De Vido).

Enarsa le remitió a la AGN su descargo el 23 de octubre, después de una prórroga que le fue otorgada. "Luego del análisis del respectivo descargo, se han mantenido todas las observaciones oportunamente realizadas y las pertinentes recomendaciones", concluyó la AGN.