La Municipalidad de Córdoba a principios de este año anunció que había logrado una drástica reducción del gasto salarial en el transcurso de 2009, bajando en más de 10 puntos porcentuales la porción de los recursos que termina en el bolsillo de los empleados comunales y superando en menos de un punto el tope salarial del 60 por ciento de los ingresos que el intendente Daniel Giacomino se autoimpuso para ese período. Desde el Tribunal de Cuentas, acotan ahora que se trata de una verdad a medias.

Al analizar la ejecución presupuestaria del año pasado, los vocales detectaron que, para reducir la incidencia de los sueldos, el Ejecutivo no incluyó en la Cuenta General del Ejercicio 2009 una cifra cercana a 70 millones correspondiente a los sueldos del mes de diciembre.

Todo indica que ese expediente con la ejecución presupuestaria del año pasado saldrá del Tribunal de Cuentas observado por unanimidad, y que la polémica se instalará de lleno en el Concejo Deliberante, ya que son los ediles quienes deben aprobar la Cuenta General para dar validez al manejo administrativo de la gestión de Daniel Giacomino durante el ejercicio 2009.

La Secretaría de Economía reconoce que no imputó en la ejecución presupuestaria el monto correspondiente al haber líquido de diciembre de los municipales –sí habría cargado los aportes patronales y el monto correspondiente a obra social y jubilación, y también el medio aguinaldo– y explica que se proyectaba imputar esos 70 millones en la ejecución 2010.

A la hora de explicar la decisión, el titular de Economía, Gabriel Bermúdez, recalcó que efectivamente el salario de diciembre se abonó en los primeros días de enero y que por esa razón se decidió imputar ese monto a la cuenta salarial de este año, aunque el pago correspondiera al último salario de 2009.

El funcionario aseguró que desde el punto de vista contable la decisión fue correcta, aunque luego de las objeciones del Tribunal de Cuentas intentó modificar ese criterio administrativo. Se trató de un intento fallido, ya que el plazo para introducir cambios en la Cuenta General del Ejercicio 2009 había vencido el 12 de mayo.

Bermúdez negó rotundamente que la decisión apuntara a ocultar el gasto salarial real y aseguró que "el tope no se viola siquiera contando diciembre".

Desde el Tribunal de Cuentas consideran que la explicación oficial no se sustenta. Sostienen que se trata de una práctica errónea desde el punto de vista administrativo y que esa "innovación contable" sólo apuntó a ocultar que el Ejecutivo gastó en sueldos más de lo que la ordenanza de tope salarial permitía para 2009, es decir, más del 60 por ciento de los ingresos corrientes.

El vocal juecista Mario Agüero explicó que el gasto salarial informado por el Ejecutivo fue de 846 millones de pesos, cuando en realidad los salarios totales de 2009 insumieron unos 916 millones.

Según los cálculos preliminares del Tribunal de Cuentas –el informe completo con las objeciones será remitido al Concejo Deliberante a mediados de agosto– cuando se considera la erogación salarial de los 12 meses y el aguinaldo completo, surge con claridad la violación de la ordenanza 11.689, aprobada el 12 de noviembre pasado por los concejales, a propuesta del propio Daniel Giacomino.

Ayer, desde Economía anticiparon lo que será la defensa del Ejecutivo ante el Concejo Deliberante.

"Si el Tribunal de Cuentas considera que es incorrecto que el pago de los sueldos de diciembre de 2009 se impute a enero de 2010, introduciremos un ajuste contable en las cuentas de enero y el tema quedará aclarado", indicó Bermúdez.

No obstante, difícilmente esto evite las objeciones que ya prepara la oposición en el Concejo. Desde el Frente Cívico consideran una irregularidad que no se hayan imputado los sueldos de diciembre al rubro gastos, pero sobre todo evalúan los pasos a seguir por la supuesta violación del tope salarial.