Peligro de turbulencias

La aprobación de los 12 artículos de la ley que estatiza Aerolíneas Argentinas no será fácil. La oposición sumó a la AGN como auditor del proceso. Y más aún con la novedad, informada en los considerandos del proyecto, de que la pérdida de la empresa prevista para este año será de u$s 250 millones por la que culpó al grupo Marsans.

Así el Gobierno dejó de lado el pacto de no agresión a los españoles por la situación de la compañía. Se lo acusó de “confundir los patrimonios” de las dos aerolíneas, de una “voluntaria descapitalización” de la sociedad y de “actuar irresponsablemente” por no poder paliar el déficit operativo. Los sindicatos, estandartes de la reestatización, recorren los pasillos para evitar otro fracaso parlamentario como el de las retenciones al agro. El acuerdo de no echarse culpas sellado entre Marsans y el Gobierno parece haberse quebrado.

El ministro Julio de Vido se limitó a informar en la primera conferencia de prensa del Jefe de Gabinete Sergio Massa que el proyecto de ley ingresó por Diputados y que busca asegurar la transparencia en la recuperación de las aerolíneas. Sin embargo, los considerandos de la norma clavan la mira en los españoles.

“La grave situación empresaria fue motivada por la deficiente gestión operativa realizada desde el año 2001 por el grupo Marsans”, arranca el texto, para justificar un déficit operativo “constante” que en junio, según el Gobierno, fue de u$s40 millones.

El escrito también acusa al grupo empresario de realizar una serie de maniobras comerciales con el fin “confundir los patrimonios” de las empresas, asumiendo Aerolíneas las pérdidas y Austral las ganancias de la operatoria.

El Gobierno también apuntó al endeudamiento acumulado. Afirmó que el Grupo Marsans no se endeudó para capitalizarse sino para el pago de gastos corrientes y lo acusó de actuar “irresponsablemente” por consumirse los u$s750 millones aportados por el gobierno español.

El proyecto de ley de estatización de Aerolíneas consta de tan sólo 12 artículos. Le asegura en su artículo 5º el 10% de propiedad participada a los empleados en las dos empresas. Las transferencias de fondos estatales deberán computarse como aportes de capital y, de abrirse el capital de las compañías a inversores privados, se hará mediante una licitación pública y con control y participación del Congreso. Se pide, además, la aprobación del acta acuerdo firmada con los españoles.

De Vido agregó que es de su interés que el precio final de la operación que se acuerde con Marsans “sea auditado y aprobado por el Congreso”.

Justamente, en el Parlamento la parada no será un simple trámite. El presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el diputado nacional Alejandro Nieva lograron que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración aprobara su pedido para que la AGN implemente una auditoria especial sobre la empresa Aerolíneas Argentinas.

Otro diputado radical, José Ignacio García Hamilton, presentó un proyecto resolución con un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las negociaciones con el Grupo Marsans. A su vez, el legislador por Tucumán pidió en el proyecto detalles sobre el pasivo de la empresa, los activos de la compañía, el pasivo acumulado y la situación de Austral.

Los dirigentes de los sindicatos aeronáuticos, encolumnados con la reestatización, comenzaron a entrevistarse con los legisladores para convencer a la oposición. Y así evitar otro traspié como el de las retenciones móviles.