Publicado: 14-01-2011



Catamarca.- El allanamiento de establecimientos rurales que están trabajando con la cosecha en la provincia de Buenos Aires y la detección de cosecheros que desempeñaban sus tareas en condiciones calificadas como "infrahumanas" recrudeció la embestida del Gobierno nacional contra el campo, ahora bajo la consigna del combate contra el supuesto "trabajo esclavo".

Más allá de lo que haya ocurrido en los casos puntuales de los campos allanados, las apreciaciones oficiales sobre la problemática de los trabajadores golondrina revelaron un palmario desconocimiento del modo en que se trabaja en los frentes de cosecha. En un discurso evidentemente interesado, todo se mezcla para catalogar como "trabajo esclavo" circunstancias que son habituales y que no pueden ser de otro modo. Lo dicho, por supuesto, no significa desconocer que existan abusos que deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero la actitud oficial pasa por generalizar el ataque para demonizar con intenciones políticas e intimidatorias.

La presidenta Cristina Fernández, en éste marco, aprovechó para cargar contra Gerónimo "Momo" Venegas, jefe de la UATRE, bajo el que se sindicalizan los trabajadores rurales. La mandataria convocó a patronales y sindicatos a erradicar el "trabajo esclavo", consigna a la cual nadie puede oponerse. Sin embargo, mostró las patas de la sota político-partidaria al comparar la situación de los trabajadores rurales con la de los camioneros de su aliado, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. "Estoy segura que no encontramos ni buscándolo con lupa alguien que tenga esas condiciones en el sector (camionero)", dijo la mandataria. El ejemplo seleccionado no es el más feliz: Moyano es un privilegiado dentro de la privilegiada casta sindical. Tiene un poderío capaz de paralizar el país. Y hay que subrayar que los salarios extraordinariamente altos que perciben los camioneros son posibles porque los costos del flete, necesarios para sostenerlos, se trasladan en el precio de los productos a la sociedad toda, con mayor incidencia en lo que consumen las clases pobres. A la Presidenta no le convendría meterse en estos análisis, pero la situación le vino al pelo para cargar sobre Venegas, que lidera la pata sindical del esquema político de Eduardo Duhalde. La introducción de las reyertas electorales distorsionará la discusión.

Fueron muy atinadas las manifestaciones al respecto del presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, quien consideró "repugnante" el trabajo esclavo y consideró que los responsables deben ir "en cana", pero resaltó la inexistencia de una legislación específica para los trababajores golondrina. Buzzi es "importante la presencia de (el ministro de Trabajo, Eduardo) Tomada para que hablemos del problema de la ausencia de una legislación adaptada a la realidad del trabajo conocido como trabajo golondrina. Es decir: sin perjudicar los derechos de los laburantes, hay que simplificar los sistemas de trabajo rural porque son distintos a los trabajos industriales".
Concreto y claro. Contrastan estas expresiones con la postura del Gobierno nacional, que convoca a las patronales y sindicatos del sector a erradicar el flagelo, sin hacerse cargo de nada. Tomada mismo dijo que "la lucha fue, es y será contra aquellos que fomentan y apañan la precarización de los trabajadores para maximizar ganancias en cualquier sector de la producción". Quizás el ministro podría preguntarse si las condiciones para la precarización no obedecen a la ausencia de una legislación específica, que su Gobierno no impulsa.

La renuncia de Ricardo Guzmán a disputar por un tercer período en la Intendencia de la Capital deja un hueco electoral grande en el FCS. Como candidatos a suceder a Guzmán, el senador nacional Oscar Castillo impulsa al médico Miguel Ángel Córdoba o al concejal Luis Fadel. Ambos tienen inconvenientes por estar involucrados en manejos oscuros de recursos públicos. Córdoba se desempeñó como ministro de Salud en el período del negocio del hambre con las compras directas en el área de Acción Social, que en los tiempos del escándalo era Subsecretaría bajo la órbita de su cartera. Fadel, por su parte, estaba al frente de la Secretaría Privada durante la Gobernación de Castillo, cuando el Tribunal de Cuentas detectó el faltante de miles de pesos, con rendiciones de cuentas grotescas, facturas de firmas de dudosa procedencia y en contravención a normas administrativas.