Editorial II

La Fundación Justicia en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados, ha otorgado este año el premio Justicia en el mundo al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia del Poder Judicial, doctor Leandro Despouy, abogado argentino que actualmente preside la Auditoría General de la Nación.

Es importante destacar que la organización que le ha concedido por unanimidad a Despouy la máxima distinción internacional que se confiere en el ámbito de la Justicia representa a más de 100.000 jueces de todos los países del mundo. Merecida la tiene este profesional de dilatada trayectoria en la ONU, particularmente en la defensa de la independencia del Poder Judicial.

De este modo, la trascendente labor que realizan las Naciones Unidas en este capítulo ha sido reconocida por los magistrados del mundo. El premio en sí advierte sobre la situación de los jueces y de los sistemas judiciales; denuncia las agresiones -directas e indirectas- contra la independencia de los magistrados; participa activamente en la reinstitucionalización de algunos países, como ocurrió recientemente con Ecuador, y defiende a los jueces y a los abogados que, de pronto, son objeto de presiones o agresiones indebidas. Este mal es mucho más frecuente de lo que se supone.

El premio a Despouy es oportuno. No sólo porque lo enaltece como abogado y defensor de una causa noble, sino, también, porque destaca una vez más la necesidad de exaltar incansablemente la independencia y la imparcialidad de la Justicia.

Sin esa característica esencial de la democracia, la defensa de las personas contra las arbitrariedades de los poderes público y privado resultaría imposible y el sistema mismo quedaría a merced del poder político y económico. La impunidad, en ese caso, reemplazaría con frecuencia a la Justicia.

De ahí la importancia de esta distinción para un abogado argentino y su impacto en la órbita de países de la ONU, cuyos Estados miembros, se supone, abogan por la independencia de la Justicia como base de la democracia y la libertad en todo el planeta. El premio, en definitiva, compete a todos los que abogan por la independencia judicial y, de ese modo, se pondera esa virtud, digna de las repúblicas que confían en la división de poderes y el respeto a las instituciones.