Con el fin de mejorar el funcionamiento del control interno de la Administración Pública Provincial, el bloque legislativo del ARI está trabajando sobre una reforma a la ley de administración financiera que crea en el ámbito del Poder Ejecutivo la Auditoria General, y a transferir a ese nuevo organismo las funciones de control interno que actualmente desempeña la Contaduría General.

El organismo se constituirá en un servicio a toda la organización y consiste en un examen previo, concomitante o posterior de las actividades financieras y administrativas del Poder Ejecutivo provincial y los organismos centralizados o descentralizados, sean estos autárquicos o no, y empresas y sociedades del Estado.

En la propuesta se precisa que deberá realizar el control preventivo en todos los expedientes que se tramiten, antes de la firma del acto administrativo que autorice la contratación de que se trate. En lo que hace al control concomitante se determina que intervendrá solamente en los expedientes que tramiten el pago derivado de contratos de monto variable, en tanto que el control posterior se limitará a rendiciones de fondos permanentes, anticipos, pagos a cuenta, caja chica y expedientes de pago de servicios públicos.

Como elemento novedoso se incorpora que para el caso de que aquellos expedientes que hubieren sido intervenidos y aprobados por la Auditoría General, el Tribunal de Cuentas contará con un año de plazo para realizar observaciones.

De esta manera se busca también alivianar la tarea de ese organismo, y que cumple exclusivamente con la función de órgano de control externo del Gobierno.

El nuevo organismo estará a cargo de profesional universitario en ciencias económicas, que deberán contar con experiencia en Administración Financiera o Auditoría no inferior a 5 años. Según esta propuesta, que aún está en proceso de elaboración, este profesional será designado por el Poder Ejecutivo, tendrá dependencia directa del Gobernador y su remuneración será equivalente a la de los vocales del Tribunal de Cuentas.

Como sucede en la actualidad con el Contador General, el potencial Auditor General de la Provincia podrá ser asistido por auditores generales adjuntos, los que deberán contar con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, y tener una experiencia Administración Financiera o Auditoría no inferior a 3 años. Estos auditores serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Auditor General, y tendrán una remuneración equivalente al de los auditores fiscales del Tribunal de Cuentas.

Mejora remunerativa para el Tesorero y el Contador

La propuesta contempla también elevar el nivel remunerativo del Contador, Subcontador, Tesorero y Subtesorero. En la actualidad estos funcionaros perciben un salario igual al de un Secretario de Estado, en tanto que en la propuesta se busca equiparar sus remuneraciones a la que perciben los vocales del Tribunal de Cuentas. Además, se propone dejar sin efecto que estos funcionarios sean solidariamente responsables y deban responder con su patrimonio por los perjuicios causados al erario público durante su gestión.

Esta especie de reescalafonamiento también se haría extensiva a los contadores que se desempeñen en la Tesorería General y la Contaduría General, ya que su retribución sería igual a la de los auditores fiscales del Tribunal de Cuentas.

En principio habría acuerdo

La intención de crear la Auditoría General de al Provincia fue planteada a principios de esta semana, durante la reunión que mantuvo la Comisión de Legislación General.

En ese encuentro, los legisladores de la oposición consideraron oportuno avanzar en la constitución de este nuevo órgano de control interno, pero plantearon algunas posibles modificaciones a esta primera propuesta del oficialismo. Entre ellas se mencionó la forma de designación del Auditor General.