Catamarca.- Si bien la intención está planteada, resta ver si existe la suficiente voluntad política del Frente Cívico y Social para avanzar en una reforma sumamente necesaria. En efecto, a principios de este mes, la senadora capitalina y presidenta provisoria de la Cámara alta, Martha Grimaux de Blanco, se mostró a favor de modificar este año la legislación referida a la distribución secundaria de las regalías mineras, habida cuenta de las numerosas irregularidades que salieron a la luz en la mayor parte de los municipios, donde los fondos fueron destinados a cubrir los baches financieros en lugar de invertirse en obras de infraestructura productiva, como manda la ley. Según la legisladora y tercera autoridad provincial, "se necesitaría revisar y replantear algunos artículos de la ley de regalías mineras. Probablemente haya que estudiar nuevamente algunos relacionados con el destino que se le da en cada departamento a las regalías mineras. Esto es a los fines de que se precise concretamente su alcance", señaló en declaraciones a este diario. 

Y respecto a la etapa posterior, es decir, una vez que los fondos fueron gastados, Grimaux dijo: "También queremos que se establezcan los controles. Queremos evitar que, por una amplitud de interpretación, se le dé un destino diferente a estos fondos". Se trata, en verdad, de un verdadero cambio de actitud del oficialismo en ese sentido, ya que hasta ahora la mayor parte de las iniciativas legislativas que se presentaron en ese sentido fueron de la oposición. Sin embargo, en el Senado no existe por ahora una "bajada de línea" a los legisladores del FCS para trabajar en la dirección que propuso Grimaux. Es más, en la bancada interpretaron sus declaraciones como una postura personal y no del Gobierno, ya que ni siquiera se abordó el asunto en las reuniones formales e informales de los senadores. Con todo, existen algunos proyectos vinculados con el control que realiza el Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre la aplicación de los recursos de las regalías mineras, un organismo que en virtud de esta legislación se ha convertido, curiosamente, en una suerte de ministerio paralelo que determina qué se debe entender como inversión con fines productivos. 

Una presentación realizada por el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, ante la Corte Suprema de Justicia abonó las inquietudes por los efectos que podrían acarrearle a las finanzas provinciales el conflicto por los 6.600 millones de las reservas del Banco Central que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere utilizar para pagar deuda. En la respuesta a la demanda que la provincia de San Luis interpuso contra la validez del decreto que creó el Fondo del Bicentenario, Guglielmino admite que es el incremento del gasto el que obliga a echar mano a las reservas para saldar deuda y advierte que, sin éste mecanismo, no se podría ejecutar el gasto dispuesto por el presupuesto nacional ni obtener recursos para cumplir con los acreedores. En otras palabras, sin el Fondo del Bicentenario, la Nación tendrá que utilizar recursos fiscales para atender sus deudas y, así, se verá obligada a restringir gastos. Entre ellos, mermarán los giros a las provincias.

Sin la constitución del Fondo del Bicentenario existen fuertes probabilidades de que el prespuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente, porque no se reúnen las condiciones financieras que se requieren para llevar adelante las operaciones de financiamiento que autoriza el presupuesto, lo que implica la imposibilidad de obtener recursos para hacer frente a vencimientos de la deuda pública, en general, y de los gastos aprobados por el Congreso, en particular", señaló Guglielmino. La eventual restricción de los gastos previsionados a nivel nacional bajará como cascada a las provincias. Esta alternativa, como viene advirtiendo El Ancasti, condiciona el posicionamiento político que puedan tener los representantes catamarqueños en el Congreso durante el debate por el controvertido Fondo del Bicentenario. Porque la provincia confeccionó su presupuesto en función de lo establecido en el presupuesto nacional y a les expectativas de un incremento de los ingresos federales. Y también en la provincia se tuvieron en cuenta los factores políticos preelectorales que jugarán en 2010 para establecer las prescripciones presupuestarias.