A partir del aumento en los medios de transporte comenzaron a circular por la ciudad los boletos remarcados. Se trata de las empresas de colectivo que, como no llegaron a imprimir boletos con los nuevos valores, cobran la suba, pero entregan a cambio pasajes con los antiguos precios tapados por adhesivo o un sello. Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación explicaron: "Ese boleto remarcado no tiene ningún valor legal. No pueden presentar esa porquería como comprobante. Hay que hacerles una denuncia penal".

"Se tiene que respetar el valor que figura hasta que modifiquen el talonario. Eso hacen los taxis cuando aumentan y no llegan a cambiar el taxímetro. Hay que sacar esos boletos de circulación e implementar nuevos", aseguró a Crítica de la Argentina Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC).

Osvaldo Korol, usuario de la línea 141, volvía a su casa el lunes y, como siempre, compró su pasaje al boletero de la parada de Santa Fe y Scalabrini Ortiz, antes de subir al colectivo. "Cuando vi que, en lugar de cambiar las partidas impresas, habían remarcado el precio como en un supermercado chino, me di cuenta de que somos una república bananera", se indignó.

Voceros del Grupo Plaza, al que pertenece la empresa Mayo SATA, dueña de la 141, se excusaron: "El problema fue que la comunicación en el Boletín Oficial salió el lunes y entró en vigencia el martes. No hubo posibilidad de tener los nuevos talonarios a tiempo. Sellamos los boletos fiscales con los nuevos precios". La empresa sostuvo su justificación alegando que no se puede suspender el boleto fiscal porque éste facilita a aquellos pasajeros que viajan sin monedas y ayuda a agilizar la fila. Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte apoyaron la versión empresarial: "La resolución del aumento de precios no señala nada en particular sobre la emisión de boletos. La empresa tiene un stock de tickets y no tiene por qué hacer todos de vuelta", dijeron a este diario, a lo cual en la Defensoría respondieron: "Cuando el funcionario no emite normas de control pero hay una realidad que viola los derechos, ese funcionario tiene falta de ética, y, si eso se instala en el tiempo, es corrupción".