La defensora del Pueblo remitió el resultado de los análisis a la bolsa de preelaborado al juez Pedro Funes, a la fiscal Zágari y a Berraz.

VIEDMA.- El gobierno provincial insistió en la defensa de la proveedora de alimentos preelaborados Flavors, desestimando el pedido judicial de suspensión de ese contrato.

La Fiscalía de Estado -organismo del Poder Ejecutivo- rechazó esa posibilidad, planteada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz y solicitada por la fiscal penal, Daniela Zágari.

La calidad de los productos entregados por Flavors incorporó recientemente otro fuerte elemento con el resultado de un análisis, que detectó tierra y pelos de rata o ratón en una muestra de alimento preelaborado (sobre de estofado). Esos estudios fueron requeridos al Instituto Nacional de la Alimentación (INAL) por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien remitió el resultado al juez Pedro Funes, a la fiscal Zágari y a Berraz. También en el protocolo entregado por el INAL -que depende de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentación- consta las condiciones en las que fueron recibidas las muestras entregadas por la Defensoría".

Asimismo, Piccinini informó que profundizará la investigación de la distribución en los comedores escolares y los beneficiarios de Comer en Familia". Reiteró que la Defensoría que "no ha podido obtener información del lugar donde se elaboran los alimentos, que luego son fraccionados en la planta de Conesa, ni la ruta que recorren, ni la forma en que son transportados hasta su llegada" a Río Negro.

Asimismo, el fiscal de Estado, Alberto Carosio consideró que no existen "elementos suficientes" para suspender "anticipadamente a la ejecución de los contratos" de provisión de alimentos preelaborados, acordados entre Familia y Flavors. Carosio instruyó a Familia después que Berraz transmitiera un pedido de Zágari para que se suspenda el contrato y se sancione a Flavors.

La fiscal Penal además recomendó retirar a Flavors del Registro de Proveedores, pero la Fiscalía de Estado entendió que "esa sanción" debe "adoptarse por el incumplimiento de las obligaciones contratadas o en el supuesto de dictarse el tercer apercibimiento". También resaltó que esas "medidas disciplinarias deben ser aconsejadas por la Dirección de Suministros y aprobadas por el Poder Ejecutivo". Al final, Carosio -según la nota difundida ayer por ADN- resaltó que "no se encuentran acreditados ni fundamentados los motivos que determinen al organismo contratante" para plantear esa sanción en el Registro de Proveedores.

Al desestimar la suspensión contractual, la Fiscalía de Estado destacó que "no se encuentran acreditados los extremos que ameriten suspender al proveedor, pues la empresa ha cumplido en tiempo y forma con las entregas". Explica que los "análisis bromatológicos realizados por la autoridad sanitaria han arrojado resultados contrarios" a los ofrecidos por la Fiscalía de Investigaciones, que entregó conclusiones de un estudio privado que arrojan que las muestras de leche tienen bajo valor nutricional.