Opinión - Miguel von Rozenberg
DIRECTOR DEL ENTE REGULADOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires recibe a diario alrededor de tres millones de personas y más de un millón de vehículos. Casi diez mil colectivos la atraviesan y cerca de un millón y medio de usuarios viajan en subte. Estos datos indican la magnitud del problema en materia de transporte.

Con frecuencia se presentan planes erráticos, con gran dispersión operativa y falta de estrategias. Y no son solución para el ciudadano que sufre la mala prestación y queda como rehén de tantas autoridades.

Es urgente la creación de una Autoridad Metropolitana de transporte conformada por Nación, Ciudad y Provincia que coordine la planificación, gestión y operación en las diversas escalas institucionales e intervenga como instancia de articulación entre administraciones públicas, titulares de los servicios y usuarios. Este sería un paso decisivo para lograr un sistema de calidad, equitativo y con controles fuertes y eficaces.

Los noventa marcaron una tendencia al uso del automóvil particular en detrimento del transporte público, y se tradujo en falta de inversiones ferroviarias. Algunas formaciones tienen más de 50 años de antigüedad. Y todavía persisten numerosos pasos a nivel que traban el tránsito en zonas clave de la ciudad.

El subterráneo, al prolongar algunos recorridos, agregó pasajeros pero no se invirtió para mejorar su red e incrementar su material rodante. Una parte del transporte automotor urbano y suburbano se ha vuelto obsoleto y contaminante, agravado por la Ley de emergencia económica (todavía vigente) que permitió prorrogar la vida útil de las unidades más allá de los diez años originales.

El subsidio al transporte ronda los 600 millones de pesos mensuales y debiera favorecer el acceso a un sistema de calidad, como lo demuestra la experiencia europea. Pero con reglas transparentes y controles institucionales.
Es evidente que no es posible eliminar la congestión urbana.

Pero priorizando el transporte público de pasajeros se estará en el camino de controlarla y de avanzar hacia una mayor equidad social, revalorizando el derecho ciudadano.