Publicado: 22-09-08

El jurado de enjuiciamiento tiene información abundante sobre la falta de controles al IPAV y los "agujeros negros" que había en ellos. Por eso la cúpula del Tribunal cada vez estaría más complicada.

Los cinco jurados que están enjuiciando a la cúpula del Tribunal de Cuentas tienen frente a sí, con la documentación y los testimonios que recibieron en la información sumaria que está instruyendo, un panorama mucho más claro para resolver la cuestión de fondo: enviar o no a juicio oral y público al presidente Natalio Peres y a los vocales Rubén Omar Rivero y Francisco García.

Ahora saben, si no lo sabían, que en las cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda entraban 100 pesos y salían 100 pesos, pero que el Tribunal de Cuentas no controlaba si esas salidas estaban avaladas por documentación respaldatoria. Justamente la falta de controles sobre las cuentas del IPAV fue lo que llevó a los tres funcionarios a estar hoy en la situación que están.

Para explicar ese descontrol vale un ejemplo muy sencillo y concreto: si en las rendiciones del IPAV figuraba que se habían pagado 30 pesos a Juan por el arreglo de una cerradura, en el Tribunal de Cuentas ni siquiera se fijaban si la rendición venía acompañada por una factura firmada por Juan, avalando que había cobrado 30 pesos. O sea que el propio organismo que controla el movimiento de los fondos públicos en la administración pública pampeana mostraba desinterés en saber si lo que el IPAV informaba que rendía efectivamente tenía algún comprobante que lo certificara.

Peres, Rivero y García manifestaron, cuando declararon el año pasado como testigos en el juicio oral y público de la megacausa del IPAV, que los controles de las rendiciones eran ejercidos por los relatores del TdeC. Esos relatores que auditaron a Vivienda en el período investigado (1999 y 2003) eran, en muchos casos, personal de baja calificación, a tal punto que uno de ellos era una pasante.

Esa pasante llegó a aprobar con su firma y un sello las rendiciones diarias del IPAV, cuando la Ley de Pasantía lo prohíbe expresamente. Por eso una de las preguntas que debería formularse el jurado es de quién o quiénes fue la decisión política de colocar a una pasante a controlar a uno de los organismos del Estado provincial por donde más plata pasa.

Testimonio revelador.

Las rendiciones en la administración pública se dividen en diarias y mensuales. Las diarias son mucho más detalladas, porque acumulan todos los gastos del día, y las mensuales son la sumatoria de todas las diarias.

Pero más allá de esa diferencia, existe otra que puede ser clave en la evaluación de los jurados sobre la responsabilidad que pudo caberles a Peres, Rivero y García (quizá más a Rivero que a García porque su sala era la que controlaba al IPAV). En el único momento en que el Tribunal de Cuentas tiene toda la información de un organismo es cuando los relatores observan las rendiciones diarias. Una vez que le colocan a las rendiciones el sello de "intervenido", nunca más vuelven a revisarlas.

Una de esas relatoras, Haydeé Glayds Clement, con 30 años de experiencia en el organismo, fue muy explícita cuando testificó en el juicio. Ella dejó bien en claro que lo único que hacía era chequear que las planillas de ingresos coincidan con las de ingresos. Que entraran 100 pesos y salieran 100 pesos...

La empleada del TC explicó que recibía las rendiciones diarias de cuatro  cuentas del IPAV, que le enviaban desde Habilitación, y que simplemente verificaba que los comprobantes de pagos se correspondieran con los comprobantes  de gastos. Por ejemplo, recibía un número de cheque con el importe abonado, pero no el cheque porque ese gasto ya había sido pagado. ¿Cómo sabía, entonces, si había sido bien pagado? ¿Cómo sabía que el cheque lo había cobrado el proveedor que figuraba como receptor? Un misterio...

Esa misma mujer también era responsable de controlar las rendiciones diarias del Ministerio de Bienestar Social, es decir de otro organismo que movía millones y millones de pesos. Seguramente alguien en el Tribunal conocía que esa tarea era imposible de cumplir eficazmente por una sola relatora. Pero...Ahora, si las rendiciones diarias es la única oportunidad donde el TC tiene frente a sí toda la documentación de un organismo y ese control no lo ejerce el personal más capacitado, ¿es por negligencia o por otro motivo? Eso seguramente deberá responderlo la justicia.

Quienes conocen los vericuetos burocráticos aseguran que siendo esa la parte más importante de los controles, éstos deben ser ejercidos por los empleados más capacitados. ¿Por quiénes? Por contadores, como ocurre en otros organismos que no son tan importantes en manejo de dineros como el IPAV.