Como si se tratara de un paradoja o, peor, de una ironía institucional, Tucumán será sede desde hoy del Congreso Argentino de Derecho Constitucional y XIX encuentro de profesores de la materia. En otro contexto, parecería coherente y entendible que la tierra que engendró a Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Carta Magna nacional, sea escenario de una reunión de tanta enjundia. Pero la perspectiva cambia cuando se advierte que los catedráticos debatirán en una provincia cuya Constitución, reformada en 2006, es, contrariamente a lo que debe ser un texto fundamental, el paradigma de los desbordes del poder, según lo han advertido varias sentencias.

Ya suman tres los institutos derribados por oportunos e inéditos pronunciamientos judiciales. Estos fallos han dejado sentado que los convencionales constituyentes (algunos se jactaban de haber sesionado en la propia casa del gobernador, José Alperovich) se extralimitaron y operaron sobre el vacío jurídico al haber rebasado los férreos límites que les había impuesto la Ley 7.469, que habilitó la reforma. Lo más preocupante es que el gravísimo capítulo que consiste en que los jueces declaren inconstitucionales segmentos de una reforma constitucional evidencia el conflicto quizás más grave que puede suscitarse en un Estado de Derecho. Otro dato que debe alarmar es que en la sala de espera del control judicial -por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo- aguardan aún varias y polémicas disposiciones de 2006; entre ellas, la que más desvive a Alperovich: la que, al borde de consagrar la hegemonía, le posibilita un tercer mandato consecutivo.

Sería bueno discutir si, en 2006, Tucumán ha experimentado una reforma o si, en realidad, ha sufrido una tragedia constitucional, tomada esta expresión como reveladora de un "fin desgraciado", porque las Constituciones, en tanto pactos institucionales entre generaciones, fueron concebidas para perdurar y, en cambio, la de esta provincia se desmorona -prácticamente se cae a pedazos- por el propio peso de las extralimitaciones en que incurrieron sus hacedores.

Sin precedentes

Hasta ahora, la magnitud del control practicado por los jueces ha permitido bloquear la posibilidad de que el Ejecutivo moldeara por mero decreto la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y de que, en el futuro, pudiera haber reformas constitucionales por medio de enmiendas legislativas, peligrosísima arma que se pretendió conceder a una Legislatura en la que, de 49 miembros, los opositores reales no suman más que cinco. Respecto de estos dos tópicos, el disparador fue una acción judicial promovida por el Colegio de Abogados. Pero en otras tres causas, la propia Corte derribó de oficio -sin que mediara pedido de parte y como si fuera un activo Tribunal Constitucional- la cláusula de 2006 que extendía su propia competencia originaria (la de la Corte) con el fin de que entendiera exclusivamente en la revisión judicial de todos los actos administrativos respecto de los cuales hubiera intervenido el Tribunal de Cuentas. Esta revisión de oficio de un proceso reformador carece de precedentes en el derecho nacional comparado.

Lo interesante es que la Corte -sin disidencias sinuosas esta vez- ha ratificado su propia doctrina y la sentada rotundamente en la causa "Colegio de Abogados" sobre el insoslayable valor preconstituyente que reviste la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional, en la medida en que estatuye cuáles son los temas habilitados para ser eventualmente modificados. Allende sus estrictos límites, toda Convención Constituyente deambula fuera de la juridicidad. Esto, que han suscripto saludablemente hasta los vocales designados por Alperovich, puede ser relevante -y condicionante- de los pronunciamientos que se avecinan respecto de la incorporación al texto constitucional de la Junta Electoral y, más importante aún, respecto del artículo 159. Este último, establecido en el capítulo de disposiciones transitorias, abroga de la realidad institucional el mandato cumplido por el gobernador entre 2003 y 2007, al decretar que sólo el correspondiente al período 2007-2011 debe ser considerado como el primero para el cómputo de la reelección. Esta norma fue sancionada, pese a que la ley preconstituyente (la Nº 7.469), en su artículo 4, proscribía terminantemente la posibilidad de que los mandatos de cargos electivos que estaban en curso cuando se concretó la reforma de 2006 fueran "modificados, alterados o declarados caducos".

¿Omisión deliberada?

Este es el angustiante contexto que recibe desde hoy a juristas de todo el país. Lo llamativo es que en el congreso de Derecho Constitucional, ni siquiera por razones didácticas y teniendo en cuenta la riqueza y la novedad jurisprudencial a la que ha incitado la reforma de 2006, se ha habilitado un simple taller para discutir la crítica situación constitucional de Tucumán. Habrá que preguntar si esta omisión (o significativo silencio) está vinculado al hecho de que, paradójicamente, los principales sponsors del encuentro son el Gobierno provincial y la Legislatura, como puede apreciarse en el propio sitio web con el que cuenta la reunión académica (www.derechotucuman2009.com.ar). También sería interesante saber si respecto de esta actividad puede predicarse lo mismo que del reciente "XVI Congreso Nacional de Derecho Laboral", organizado por el Equipo Federal del Trabajo (a este último, por medio del decreto Nº 2.221/14, el Poder Ejecutivo lo declaró de interés provincial, pero luego de aclarar que esto "no significará erogación alguna para el Estado provincial").

A lo mejor la respuesta permitiría explicar por qué el cóctel de cierre del congreso de la disciplina constitucional, nacida para controlar e incomodar al poder, tendrá lugar el sábado -nada menos que el Día del Abogado- en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Otra agria ironía.