En 1997, el hallazgo de cheques falsificados en la escuela Normal Godoy Cruz sacó a la luz una serie de irregularidades administrativas y contables que se venían dando en la Dirección General de Escuelas y que terminaron con la renuncia del entonces titular de este súper ministerio, Domingo De Cara.

En aquella oportunidad, tampoco salieron ilesos los miembros del Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública. Los nueve consejeros fueron fuertemente sancionados por el Tribunal de Cuentas por haber avalado con su firma las licitaciones fraudulentas.

Las denuncias de colegios como el Tomás Godoy Cruz fueron el disparador. Pero lo que llevó a la Justicia a De Cara y a 11 funcionarios de la DGE fue la contratación directa del sistema informático, que quedó instalado como un caso de corrupción.

Si bien fue un funcionario de su gabinete el implicado en esta irregularidad, De Cara presentó su renuncia al entonces gobernador Arturo Lafalla. Fue la actual asesora de la DGE, Marta Blanco, quien lo reemplazó en el cargo.

El fallo del Tribunal de Cuentas, que fue publicado el 5 de octubre de 1999 en el Boletín Oficial, repartió multas de 600 pesos por igual para el director de Escuelas como para los integrantes del Consejo (algunos forman parte aún del cuerpo administrativo).

El legislador demócrata Aldo Giordano, que entonces llevó adelante la investigación como fiscal de Estado, recordó que "eran docentes jubilados que no sabían lo que estaban firmando. No contaban (aún no lo tienen) con un asesor letrado y, de necesitarlo, acudían al de la DGE, con lo que se perdía toda independencia".