Publicado el 04/10/08

El Gobierno auxiliará con un mínimo de 3.000 millones de dólares a las empresas estatales el año que viene.

Después de cinco años en los que rodeó de una verdadera maraña jurídica los contratos con las privatizadas, se negó a crear un marco regulatorio para los servicios públicos y virtualmente suprimió los organismos de control, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2009 que incluye una megapartida de 9.400 millones de pesos para 13 de las 27 empresas estatales, un 17% más que la registrada este año. A la vez, las transferencias para concretar inversiones se triplicarán hasta los 5.475 millones de pesos.

Siete empresas recibirán fondos tanto para los gastos del día a día como para hacer inversiones: la Administración de Infraestructura Ferroviaria

(AIF); Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA); el portal Educ.

ar; la petrolera Enarsa; el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP,

Canal 7, Radio Nacional y Télam); el Servicio de Radio y Televisión (SRT)

de la Universidad Nacional de Cuyo y la minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Otras tres empresas recibirán subsidios sólo para pagar gastos corrientes: la agencia estatal Télam, el ferrocarril Belgrano y la Operadora Ferroviaria (OFSE, creada para prestar servicios ferroviarios que aún no presta). La satelital Arsat, la eléctrica NASA (Nucleoeléctrica Argentina, a cargo de la central nuclear de Embalse y Atucha) y Dioxitek S.A. (la empresa argentina para la producción de dióxido de uranio) recibirán dinero sólo para inversiones.

ADÓNDE VA LA PLATA. La estatizada AySA -ex Aguas Argentinas- será la más beneficiada: recibirá 475 millones de pesos para sus gastos y 1.197 millones para su funcionamiento y la ampliación de la red. Enarsa -la petrolera estatal que alquiló el avión en el que se cargaron las millonarias valijas en efectivo provenientes de Venezuela- dispondrá de 1.800 millones de pesos como "asistencia especial". Aunque parezca poco, así financiaría la compra de gas a Bolivia, la adquisición de gas natural licuado -luego regasificado-, la importación de combustible líquido de Venezuela y el financiamiento del plan Energía Total, creado para alentar a las industrias a sustituir gas por gasoil o fueloil. ¿Alcanzará? Enarsa contará, además, con un "suplemento" de otros 1.000 millones de pesos para el Gasoducto del Nordeste y la "adquisición e instalación" de cinco centrales térmicas.

Pese a todo, según las cuentas oficiales, el déficit financiero calculado no será catastrófico. Promete reducirlo desde los 1.500 millones de pesos actuales hasta los 1.000 millones.

Claro, sin incluir a la reestatizada Aerolíneas Argentinas, que requerirá de un desembolso estimado en otros 1.000 millones. La idea del Gobierno es que el Tesoro utilice recursos del sistema jubilatorio y fondos del exterior para financiar los gastos.

RENEGOCIACIÓN CERO. Al mismo tiempo que llegaban estos números al Congreso, un informe del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reveló que bajo la gestión kirchnerista, sobre 52 contratos de servicios públicos a renegociar, sólo están cerrados 2: los de Aeropuertos Argentina 2000 -del empresario Eduardo Eurnekian, con participación estatal-, y EDELAP -la distribuidora eléctrica de La Plata que controla el grupo norteamericano AES, con 10% de propiedad participada-. Allí se denuncia (ver recuadro) que durante estos años se hicieron ajustes parciales de tarifas sin cumplir con la Ley de Emergencia Económica y se prorrogaron contratos violando la Constitución Nacional, sin revisar los mecanismos de fijación de las tarifas ni los derechos de los usuarios.

El informe ratifica el deterioro y el encarecimiento de los servicios. Destaca algunas "perlas":

Hasta agosto del 2008, el Estado destinó 7.473 millones en subsidios al sistema eléctrico.

Las tarifas portuarias se dolarizaron por un Acta Acuerdo, pese a que, en algunos casos, las ganancias operativas de esas empresas superaron el 200%.

La deficiente prestación del servicio ferroviario de cargas se origina en la violación de los contratos de concesión como por la ausencia de control regulatorio.

El Poder ejecutivo destinó en los primeros 8 meses del 2008 subsidios por 1.400 millones de pesos al servicio de transporte de pasajeros.

Los contratos a la red de autopistas con acceso a Buenos Aires avalan la financiación de las obras, antes de ser realizadas, a través del peaje. Como

Entre el 2007 y el 2008, el Gobierno nacional destinó 20.180 millones de pesos (US $ 6.715 millones) al subsidio de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y al sistema eléctrico nacional.

Antes de fin de año vencen las suspensiones solicitadas por siete empresas que presentaron juicios al Estado en el CIADI. Las demandas están suspendidas pero no desistidas.

En realidad, el Gobierno, en vez de cumplir lo previsto en algunas Acta Acuerdos firmadas con las privatizadas -la Revisión Tarifaria Integral, RTI, entre otros puntos-, usó la trampa de la prórroga constante para negociar incrementos tarifarios a cuenta, pese a su obvia falta de transparencia.

Según Mondino, el oficialismo tenía a mano, desde el 2004, otro instrumento para romper efectivamente con el modelo anterior, el nuevo marco regulatorio de los servicios públicos que incluía la Ley de Emergencia. No sólo boicoteó su propio proyecto sino que impuso el mecanismo de la "sanción ficta" por sobre la voluntad de las audiencias públicas y del Congreso nacional.

La realidad hoy es que, privatizados o no, los servicios públicos lucen mayor deterioro y peores costos que en los noventa.