La manipulación de datos del Indec es la punta del iceberg. De un hielo gigante que lleva muchos años oculto, que no es exclusivo del actual gobierno y que esconde otras sorpresas. Siempre repite la misma lógica: el uso y abuso de la información pública juega a favor de quienes están en el poder de turno y termina afectando al ciudadano común.

La administración de Néstor Kirchner no hizo más que mostrar descarnadamente las irregularidades en el manejo de cifras del índice de precios y destapó una polémica que hasta entonces estaba encerrada entre los académicos.

Algo similar ocurrió con el índice de pobreza, que en los últimos años se fraguó para mostrar una abrupta caída de indigentes y pobres. Las denuncias de la Iglesia o de la CTA coinciden: el patrón de consumo con que se mide la canasta familiar está desactualizado, se miden beneficiarios de planes sociales como ocupados, se evita medir la pobreza en varias provincias y, así, se dibujan índices de pobreza completamente ficticios.

Hay más cifras que aún son una incógnita. Como la base de datos única de beneficiarios de todos los planes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social dice que el programa Sintys tiene una base de datos de más de 30 millones de argentinos, donde se cruzarían los datos de los que reciben ayuda. Pero la Iglesia y otras instituciones que trabajan para paliar la pobreza dicen desconocer hasta ahora esa misteriosa base de datos.

A la vez, hay cifras y números que son un fantasma en el Estado. No existe hasta hoy un inventario completo y único de todas las propiedades y bienes del Estado. Hay en marcha un sistema de administración de bienes del Estado, pero su valuación aún es incierta y persisten profundos agujeros negros en los organismos residuales de las privatizaciones y en los entes autárquicos del Estado, las provincias y los municipios.

El robo de una base de datos de 12 millones de personas por parte de una empresa privada, en connivencia con funcionarios, que se hizo en la Anses, mostró las vulnerabilidades que tiene el sistema de almacenamiento de información pública de los trabajadores y jubilados en la Argentina. Casos como estos hacen que hoy puedan aparecer en la Anses mutuales "truchas" que les descuentan de tres a 60 pesos mensuales a los jubilados por compras que nunca hicieron, o que figure un CUIL con tres números de documentos diferentes o tres CUIL iguales.

En la Anses suelen echar culpas al Registro Nacional de las Personas (Renaper) cuando aparecen irregularidades en el manejo de los DNI. Y algo de razón le otorgan los informes de la Auditoría General de la Nación y de la Sigen, que advirtieron que el Renaper no cuenta con estructura para dar respuesta a la agilización y seguridad en los trámites de los documentos. También se denunció que no existe un registro único de bases de datos en red de los DNI de todos los argentinos, a fin de que el Estado y los privados eviten el robo de identidad. La idea de una base de datos biométrica (con el registro de identidad por el iris, la huella dactilar digital y los datos alfanuméricos) es aún un sueño inalcanzable.

A su vez, el registro de las bases de datos en la Argentina es una clara muestra de que en la teoría se pensó en un país de avanzada pero en la práctica seguimos con vicios y problemas de países emergentes. Tanto la ley de hábeas data como la Dirección de Protección de Datos Personales son de vanguardia si se compara con el resto de los países de América latina. Sin embargo, la Dirección Nacional de Habeas Data, que es la dependencia estatal que debe proteger los datos personales, cuenta con una estructura no mayor a 25 personas y desde su creación en 2000 sólo hubo una sanción a una empresa por el uso indebido de bases de datos y registró no más de 18.000 bases del sector privado en un país donde se estima que hay más de cinco millones de bases de datos.

Juan José Llach suele decir que "los institutos de estadísticas tienen otra tarea muy importante, que es la pedagógica, empezando por los gobernantes, los políticos, pasando por la opinión pública y los periodistas, porque hay un uso terrible de esa información, un uso equivocado y sesgado".

Claro que para ello hace falta voluntad de parte del Estado para brindar información y maestros que no se dediquen a ocultar o manipular datos. El autor escribió junto con Alejandra Gallo y Damián Nabot Las manos en la data; usos y abusos de la información pública