Río Negro.- La zona Atlántica rionegrina inauguró nueva legislación prohibiendo la venta de tierras a extranjeros, tras la disposición emanada del Concejo Deliberante de Viedma que tiene jurisdicción sobre el departamento capitalino de Adolfo Alsina.

El recurso legal aprobado en ese ámbito establece que "toda venta, dominio o arrendamiento sobre la Costa Atlántica rionegrina estará sujeta a los trámites de previa conformidad, resolución del Ministerio del Interior Nº 434/10 y leyes provinciales complementarias".

Paralelamente, plantea una invitación al Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, a la municipalidad de Viedma y a la Secretaría de Interior de la cartera política nacional, a cargo de Florencio Randazzo, a establecer conjuntamente los mecanismos de seguimiento de los trámites de previa conformidad para toda transacción.

La propuesta impulsada por los concejales Luis Nievas y Liliana Andaloro (PJ) y Ariel Gallinger (ARI), tiene como fundamento la preocupación ante "el avance progresivo de la 'extranjerización' de la tierra en todo el territorio nacional".

Pone énfasis en particular en la llamada Zona de Seguridad y toma en cuenta un informe de la Auditoría General de la Nación elaborado en 2008 sobre la región Andino-Patagónica en el que se consignan irregularidades en hasta un 55% de los expedientes, previa conformidad para venta, tramitación de dominio, arrendamientos o locaciones sobre bienes inmuebles.

Los ediles capitalinos observaron con inquietud que la realidad de Río Negro repercute en los municipios que limitan con el océano Atlántico. La Legislatura de Río Negro promovió una norma legal similar durante el año pasado.

Entre los basamentos jurídicos aparecen en esta propuesta el artículo 42 de la Ley de Defensa Nacional en el que se declara de "conveniencia nacional que los bienes ubicados en la Zona de Seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zona de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes".

Los concejales consideraron conveniente afirmar este recurso legal mediante ordenanza al ver la realidad provincial de límite marítimo y frente a algunos hechos puntuales considerados de posibles controversias en relación con la seguridad nacional, como la pista de aviación privada en Sierra Grande, relacionada con la firma Van Ditmar de Bariloche y el magnate Joe Lewis, o la advertencia de especulaciones inmobiliarias "poco claras" en sectores de playas cercanos a Viedma. Los lugares más expuestos son La Lobería, donde recientemente se habría rechazado una inversión de mejicanos, Bahía Creek y Caleta de Loros-Pozo Salado con un incipiente desarrollo urbano que no tienen ningún tipo de control por parte del Estado. También coexisten en la formalidad de las propiedades, grandes extensiones de campo privados, y predios fiscales.

Se suma cierta intranquilidad por las futuras inversiones ante las posibilidad que abre el departamento Adolfo Alsina con la inminente puesta en marcha del acueducto ganadero-turístico que brindará mayores servicios a unas 120.000 hectáreas