Acceso a la Información Pública: cada vez hay más pedidos, pero menos respuestas
Durante los últimos dos años creció el número de consultas mensuales, así como la cantidad de solicitudes sin responder. Prensa, Comunicación y Medios, y Desregulación encabezan el ranking de las áreas que menos contestan.
Desde la implementación de la Ley 27.275 en 2016, se registraron 53.440 pedidos de acceso a la información pública, con una tasa de respuesta promedio del 96,3%. Si bien hubo un aumento de las solicitudes durante los últimos dos años, la actual gestión presenta la tasa de resolución más baja, con un 87,18% de respuestas, en contraste con tasas superiores al 96% de gobiernos anteriores, según datos publicados (actualizados el 5 de mayo) por la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández se recibieron 31.156 solicitudes, mientras que en lo que va del gobierno de Javier Milei se contabilizaron 12.741, superando en ese mismo tiempo a sus predecesores. Las áreas de la actual gestión que más pedidos recibieron fueron el Ministerio de Economía, con 2.943; Jefatura de Gabinete, con 1.829; el Ministerio de Salud tuvo 1.170; Capital Humano, 979; y Justicia recibió 524. En tanto, las jurisdicciones con menor tasa de resolución de solicitudes fueron Prensa, con solo 21,05%; Comunicación y Medios, con el 25%; y el Ministerio de Desregulación, 32,76%.
Para el investigador y analista de medios Martín Becerra, el aumento de solicitudes se debe, en parte, a la "creciente conciencia ciudadana sobre la importancia de conocer qué hace la conducción estatal con los recursos públicos”.
En septiembre de 2024, el Gobierno emitió el Decreto 780/2024 que introdujo cambios significativos en la reglamentación de la ley. Entre las modificaciones, se redefinió el concepto de "información pública", excluyendo datos considerados de índole privada o que no demuestren un “interés público comprometido”.
“Javier Milei recortó por decreto la Ley de Acceso a la Información Pública, alterando una norma que fue sancionada por el Congreso en 2016, e incumple, incluso, su propio decreto modificatorio, denegando pedidos o, directamente, dejando sin respuesta muchos otros”, sostuvo Becerra en diálogo con El Auditor.info.
Diversas organizaciones expresaron su preocupación por estas modificaciones, argumentando que restringen el acceso a la información y contravienen los principios de transparencia establecidos en la ley original. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo ante El Auditor.info que “el decreto tiene que ser revisado, ya que es un límite al derecho a la información pública y el Congreso debería trabajar sobre esto”.
Con respecto al aumento de solicitudes, consideró que el actual “es un gobierno que responde poco y mal” y sugirió que si son muchas las consultas que se generan es porque esa información no fue publicada. "Si quieren evitar tantas solicitudes, que publiquen en sitios oficiales de manera proactiva. Así se evitarían tener que responder pedidos sobre quiénes visitan la quinta de Olivos, sobre los viajes del Presidente o la agenda exterior”.
¿Qué hacer si no se responde el pedido de información? “Ir a la Justicia es el único camino, aunque tedioso y largo. Se trata de presentar un recurso de amparo y, seguramente, se obtendrá un fallo a favor”, comentó Secchi.
Cómo realizar un pedido de información pública
- Solicitud online a través de plataformas como Trámites a Distancia (TAD) o presencial en atención ciudadana de cualquier organismo. La solicitud es sin costo para el ciudadano y se realiza mediante un formulario.
- No es necesario justificar el uso de la información.
- Se puede pedir cualquier información que organismos nacionales producen, custodian o poseen, y que sea relevante para el desarrollo de políticas públicas, la prestación de servicios o la implementación de prestaciones. Incluso, información que no esté disponible en formato digital.
- El organismo cuenta con un plazo de 15 días hábiles para la respuesta.
También se puede solicitar información a organismos provinciales del Estado, pero cada jurisdicción tiene una metodología diferente. Tucumán, Formosa y San Juan aún no tienen una ley, por lo que es imposible acceder a la información.
