En la última década, varios municipios argentinos impulsaron políticas de datos abiertos, pero el avance no fue parejo. “El panorama es desigual”, advierte María Victoria Boix, investigadora principal de CIPPEC. “Muchas ciudades capitales han avanzado, pero todavía no es una realidad extendida a todos los municipios”. Lejos de retrocesos generalizados, lo que aflora es una “creciente brecha” entre distritos con alta capacidad institucional y aquellos que carecen de ella.

Boix destaca que el secreto está en “el liderazgo político sostenido y una visión estratégica de gobierno abierto”. Ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Corrientes y Mar del Plata, junto a distritos más pequeños como Bahía Blanca y Olavarría, lograron consolidar usuarios de los datos –sociedad civil, academia y sector privado– y sostener las políticas incluso cuando las condiciones no eran fáciles.

En Córdoba, por ejemplo, se digitalizó el catastro durante la pandemia, complementándolo con innovación ciudadana. Rosario “integra datos abiertos en planificación urbana y ambiental”; Mendoza utiliza inteligencia artificial para su digesto normativo; la Ciudad de Buenos Aires consolida plataformas robustas para presupuesto abierto y obras públicas. En estas experiencias se ve que “los datos no solo sirven para planificar mejor, sino también para rendir cuentas”, según Boix.

Sin embargo, en muchos municipios el obstáculo es evidente: personal técnico limitado, normas locales débiles, infraestructura digital insuficiente y recursos compartidos con otras prioridades básicas. Aun así, algunos avanzan “publicando ejecución presupuestaria o guías de trámites con mucho esfuerzo y compromiso”.

El Estado nacional, sugiere Boix, debería vincularse mejor con los municipios, por ejemplo utilizando datos del Censo y la Encuesta Permanente de Hogares y ofreciendo formación, financiamiento, herramientas interoperables y lineamientos comunes. Entes como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los institutos provinciales y el Instituo Naconal de Administración Pública (INAP) podrían profesionalizar áreas locales de datos abiertos.

Y aunque la apertura de datos no es a menudo prioritaria, Boix recuerda: “Sin datos de calidad, es imposible diseñar y evaluar buenas políticas públicas”. La tecnología permite “reducir costos y acelerar la mejora en la gestión de información”, afirma, pero la clave sigue siendo "mejorar la calidad, trazabilidad y accesibilidad de la información para garantizar derechos y fortalecer la toma de decisiones”.

Por caso, el municipio de Morón publica sueldos –incluido el del Intendente–, licitaciones, compras, ejecución presupuestaria y declaraciones juradas, junto con un boletín digital y un rubro denominado “Cuentas Claras”. Sin embargo, en abril de 2024 sufrió un ataque de ransomware (un tipo de código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta) que paralizó sistemas, dejando al descubierto una infraestructura frágil y una dependencia tecnológica crítica. Ante ello, surgió una auditoría ciudadana como solución comunitaria.

Por su parte, Rosario ofrece más de 200 datasets (conjunto de datos), visualizaciones, indicadores y recursos en áreas como salud, ambiente, transporte y presupuesto. En su primer mes de esta versión, tuvo más de 20.000 visitas. El portal es usado por fundaciones, desarrolladores y ciudadanos para chatbots, aplicaciones y análisis técnicos. Así, encarna las buenas prácticas que Boix señala: política sostenida con capacidad técnica, incluso ante cambios de gestión.

En tanto, Pinamar se destaca como un caso positivo. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Municipio obtuvo 95 puntos sobre 100 en su Índice de Transparencia Fiscal bonaerense, en junio de 2024. En el portal figuran secciones de presupuesto municipal, sueldos, organigrama, inspectores, ordenanzas, decretos y estadísticas de reclamos y trámites. Además, publica licitaciones, el Boletín Oficial y el estado financiero, evidenciando una estructura bastante desarrollada de transparencia activa.

Finalmente, hay municipios que ni siquiera ofrecen portales abiertos: conservan los datos en repositorios internos o sistemas cerrados, sin buscadores, api (un conjunto de reglas y especificaciones que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen y compartan datos entre sí) públicas o formatos reutilizables, lo que incumple con la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública.

El contraste entre Morón, Rosario y Pinamar evidencia que sin institucionalidad, visión y continuidad política, la apertura de datos queda limitada. Por eso, Boix insiste: “Es vital que el sistema de datos no dependa de la voluntad de un funcionario o de fondos sobrantes. Para que sea eficaz y perenne, necesita arraigo institucional. Solo así podrá garantizase el derecho a la información, potenciar decisiones basadas en evidencia y reforzar la gestión pública”.