Es difícil saber hasta dónde llegará el caso del acuerdo propuesto por el Correo Argentino, aceptado por el gobierno y aún no homologado por la justicia, para cancelar la deuda que la empresa tiene con el Estado nacional.

Lo que sí pueden conocerse hasta ahora son los distintos pronunciamientos sobre este tema de organismos de control y transparencia como la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA), entre otros. 

Por empezar, ayer el Ejecutivo pidió que la AGN emita un “veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva” sobre el acuerdo. Sin embargo, fue el presidente de la Auditoría, Oscar Lamberto, quien explicó que el ente que conduce “ya tiene un plan de acción para 2017, que no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento”, y, sobre el vínculo entre el Estado y Correo Argentino, completó: “No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la SIGEN para este tipo de cuestiones”.

Con respecto a la OA, que dos días después de que trascendiera el caso informó que iniciaría investigaciones al respecto, también ayer se supo que la titular del ente, Laura Alonso, se reunió oficialmente con el presidente de Correo Argentino, Jorge Irigoin, tres semanas antes de que se suscribiera el acuerdo en cuestión.

Los informes de la SIGEN

Tal como sugirió Lamberto, la Sindicatura elaboró, a pedido de la Justicia, varios informes sobre la situación empresaria de Correo Argentino S.A., en los que describen detalles sobre el proceso de concurso preventivo iniciado en septiembre de 2001.

La intervención de la SIGEN fue decidida en 2007, tras dos audiencias entre el Estado y la firma, luego de las cuales se ordenó al organismo de control que hiciera una pericia para valuar los créditos y deudas de las partes.

Desde entonces, los resultados de las pericias vienen figurando en los relevamientos de la Sindicatura, y se repiten hasta el último al que este medio tuvo acceso, que es el informe Situación Empresaria 2014. En ese texto, la SIGEN dice que “La sumatoria de los créditos a favor de Correo Argentino respecto al Estado (es decir, lo que reclama la empresa) alcanza el importe de $ 3.348.902.864”.

Mientras que “la sumatoria de los créditos a favor del Estado nacional (respecto a la compañía) alcanza el importe de $ 248.772.094”.
Con estos datos, la Sindicatura concluye que “el importe neto a favor del Correo Argentino es igual a la suma de $ 3.100.130.773”
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El mismo texto añade que “el Estado pidió reiteradas prórrogas para expedirse sobre este informe pericial”, y completa que “transcurridos los plazos, tanto la Nación como la empresa formularon impugnaciones y observaciones” a las pericias del organismo de control. 

Al margen de esto, aparecen otros montos si se tiene en cuenta que, en 2008, la Justicia decidió incorporar una valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que elaboró un informe en el que se señala que “las inversiones efectuadas por Correo Argentino S.A. en poder del Estado nacional asciende a $ 330.932.377 a valores históricos, llegando a un valor reexpresado (SIC) al 12 de julio de 2008 de $ 1.794.929.993”.

En su relato, la SIGEN narra que ante este resultado, la empresa pidió al año siguiente que “se homologara el acuerdo preventivo logrado”, pero en marzo de 2010 la Justicia rechazó esta solicitud y Correo Argentino apeló la medida.

Y ya en 2013, la compañía “interpone un nuevo reclamo administrativo ante el Ministerio de Planificación Federal a fin de que se reparen los daños causados, que son consecuencia directa e inmediata de determinados incumplimientos al contrato de concesión del servicio público postal. El monto total indemnizatorio asciende a la suma de $ 570.313.667”.

Cuando la Sindicatura cerró su informe, ambos reclamos administrativos se encontraban pendientes de resolución en la Secretaría Jurídica de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y el organismo añadió “una propuesta del Correo de pagar al Estado el 100 por ciento de su crédito verificado de $ 296.205.376,49 más intereses en efectivo y en 23 cuotas anuales, correspondiendo la primera, al año del cierre del ejercicio fiscal de la homologación del acuerdo”.

La perla

Entre los trabajos hechos por la SIGEN figura el de Situación Empresaria 2006, aprobado un año después. En ese texto aparece un apartado titulado “Situación Operativa Actual”, que incluye una perla. 

Dice el texto que, por el propio proceso consursal, Correo Argentino logró “ampliar su objeto social, lo que le permitió asociarse con la empresa china Chery Automóbile Co y Socma, para iniciar la fabricación y comercialización de vehículos de distintas características, que en la primera etapa, prevé la producción de unidades en Uruguay, con destino a Brasil y Argentina”.

Agregaba el organismo de control que “es de esperar que esta decisión genere en el futuro ingresos” para Correo Argentino que, hasta 2006, había invertido $ 2.700.000 en concepto de gastos de la organización”. 

Y, efectivamente, el vaticinio de la generación de ingresos fue certero. Es que un nuevo informe de la Situación Empresaria 2008, aprobado al año siguiente, volvió a contar la misma historia; otra vez la ampliación del objeto social, pero agregando que Correo Argentino “adquirió el 25 por ciento del paquete accionario de Neficor S.A., empresa que posee el 49 por ciento de las acciones de Chery Socma S. A. dedicada (NdeR: ya no a la fabricación) a la importación y comercialización de autos de origen chino en todo el Mercosur”.

Para este último trabajo, el monto invertido por la empresa alcanzó los $ 6.648.225 en concepto de aporte de capital.