La pandemia profundizó la vulnerabilidad de los pueblos originarios

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios. En nuestro país hay 955 mil personas pertenecientes a más de 1687 comunidades identificadas. A lo largo de la historia del país, esta población fue sistemáticamente negada y excluida, sobre todo en la época de la colonización. "Hoy con la pandemia todo empeoró”, aseguró Noelia Romina Naporichi, referente de la comunidad Qom en dialogo con este medio. 

Naporichi tiene 26 años, vive en Rosario, pero contó cómo vive la cuarentena su familia en Chaco: “algunos están en el campo sin comunicarse, se mantienen con los alimentos que tienen. Es difícil para ellos porque el gran problema es la economía, todo está caro, no alcanza el dinero, entonces hay que distribuir la comida, comer menos o tratar de no comer para que alcancen para el otro día, es complicado para las personas allá”.

Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires, el 56% de la población argentina tienen genes indígenas. Pese a esto, aun falta reconocimiento de las comunidades y la xenofobia persisten. “Empece a militar en los derechos indígenas después sufrir un hecho de racismo y discriminación dentro de una institución estatal en Rosario, donde no me quisieron atender porque era de la comunidad. Esto pasa todavía, en muchos lugares no nos dejan entrar o nos hacen formar fila aparte. No tenemos que naturalizar esta situación”, denunció Naporichi.

Desde 2015, Amnistía cuenta con la web territorioindigena.com.ar donde relevan los conflictos que atraviesan a las comunidades. “Falta de acceso a la justicia, violencia, criminalización y, como denominador común, el no reconocimiento de sus tierras. En este contexto realizamos un nuevo análisis sobre la situación de la pandemia. Encontramos que la cuarentena exacerbó la discriminación, la desidia, la pobreza y su estado de vulnerabilidad. A los 200 conflictos que ya teníamos se le suman ahora los relacionados con el coronavirus”, explicó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Desde limitaciones para trasladarse, para procurar alimentos o trabajar. Falta de agua, de condiciones de higiene y dificultades para acceder a beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado por el ANSES (por barreras tecnológicas y falta de información). “Hay situaciones de violencia policial donde intervinimos activamente, como en el caso de la localidad de Fontana contra jóvenes Qom en Chaco, donde irrumpieron de forma violenta las fuerzas de seguridad en tres domicilios, con detenciones y amenazas a las familias”, expresó García Rey

Otro caso que no tomo tanto estado publico “fue un episodio en Pampa del Indio, también en la provincia chaqueña, donde la policía le disparó por la espalda a tres personas”. Entre las problemáticas relevadas en pandemia, Amnistía observó en Chaco, Río Negro, Santa Fe y Tucumán situaciones de abuso de la fuerza por parte de agentes de seguridad. También detectó la imposibilidad de acceder al IFE de comunidades en Chubut, Neuquén y San Juan, pese a la Resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que busca asegurar el acceso al mismo.

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Siguiendo con el informe de la organización, el acceso a la salud de las poblaciones originarias de Chaco, Misiones, Santa Fe y San Juan no fue garantizado. El aislamiento dificultó el acceso al agua segura y las condiciones adecuadas de higiene, entre otros casos. “El relevamiento lo hicimos con el INAI, organismo en el que vimos un cambio en lo que hace al compromiso y la voluntad de pensar una respuesta a nivel nacional y en articulación con las provincias, con una mirada y una perspectiva indígena”, resaltó García Rey. 

Relevamiento

En 2006 se sancionó la Ley 26.160 con el objetivo de registrar las tierras ocupadas por las comunidades originarias en el territorio nacional y suspender los desalojos. Esta normativa fue prorrogada por tercera vez en noviembre de 2019 por, siguiendo a García Rey, “la ineficiencia y la falta de ejecución de esa política, que es clave. Tenemos expectativas de que finalmente se lleven adelante los relevamientos que restan con participación y respeto a los pueblos. Y que luego, se avance en una ley que pueda reconocer sus territorios, es una deuda de hace siglos”.

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Según datos de Amnistía, para 2019 se inició el proceso de relevamiento en 967 comunidades, esto representa un 57% del total. Quien está a cargo de este trabajo es el INAI. En 2012 la Auditoría General de la Nación detectó desembolsos sin justificar por parte del ente. En 2017 reiteró la observación y añadió que el Insituto “no informó acciones para corregir los retrasos”, situación que redobla las expectativas sobre el ente.

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Para finalizar, Naporichi, agregó: “Algo que me gustaría destacar es la necesidad de ser incluidos en la creación de las políticas públicas. Tenemos derecho a participar de los proyectos que son para nosotros, deberíamos ser autores de esas políticas. Este es el gran error que tiene el sistema y que hace que no terminemos de estar incluidos”.

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“Parte de los desafíos que existen a nivel cultural es el reconocimiento de nuestros ancestros en la historia de nuestro continente y de nuestro país previo a la existencia de Argentina. Es urgente que sea parte de la educación en las escuelas, en las universidades, tener perspectiva indígena. Hay muchísimo por hacer y sin duda nos debemos un repaso y revisión de nuestra propia historia”, concluyó Garcia Rey.