Miércoles 26 de Julio de 2017

Los censos son hechos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con la colaboración de las provincias y la Universidad de Lanús. La AGN ya había advertido en 2012 que existían desembolsos sin justificar. Sin embargo, otra investigación aprobada este año reiteró la observación y añadió que el ente “no informó acciones para corregir los retrasos”.

La Defensoría del Pueblo provincial recibió varias denuncias de vecinos que fueron intimados a ponerse al día con el servicio, pese a no deber nada. Fue mediante cartas sin firma de empresas de Buenos Aires, que incluyen un código de barras que no remite a ningún concepto real. El organismo recomendó a los usuarios no pagar ni comunicarse con las firmas.

Para 2010, según la legislación vigente, el 5% del personal que trabajara para la Ciudad debía tener capacidades diferentes. A diciembre de 2014, según la AGCBA “quienes estaban debidamente documentados alcanzaban solo el 2,7%. Se detectó que no toda la información de los legajos se encontraba disponible en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos.

La plataforma Rosario Participa incluye espacios para que la ciudadanía opine y forme parte de la toma de decisiones del gobierno. Brinda la posibilidad de decidir en qué se debe destinar el presupuesto de la ciudad, participar en desafíos para mejorar las plazas o ayudar a personas en situación de calle y sugerirle propuestas a la Municipalidad.

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Según la AGN, el máximo tribunal no tiene una caja exclusiva destinada a cobrar multas y por eso “es imposible determinar” de dónde vienen los fondos. Al momento del informe había depositados en el Banco Nación $ 1.240.961. Además, se observó un “alto riesgo” en la liquidación de los sueldos del personal y falta de control interno de los recursos. 

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