En el período entre octubre de 2022 y agosto del año siguiente, la Auditoría General de la Nación (AGN) revisó los estados contables de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Se controló el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de origen y aplicación de fondos, y las notas que integran los estados contables a la fecha de cierre seleccionada.

El informe detalla que la documentación revisada “presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la información de conformidad con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación (CGN) – Secretaría de Hacienda”, a excepción de algunos hallazgos. Entre estos se destacan la ausencia de respaldo de algunos valores declarados en el balance general y la falta de previsión con respecto a juicios pendientes.

El organismo también incluyó un “párrafo de énfasis”, en el que resaltó préstamos recibidos por AFIP de parte de los gobiernos provinciales, y juicios de terceros sin definiciones.

Respaldo y rendición de cuentas

En el chequeo de rendición de cuentas, el informe detalla inconsistencias en varios aspectos. Por un lado, a partir de la solicitud del organismo auditado, el Banco Nación informó sobre cinco cuentas bancarias (con saldo de $700.000 a diciembre de 2020) que no poseen tratamiento contable en el sistema de AFIP. La agencia declaró que llevará a cabo distintas acciones a fin de regularizar, depurar, registrar o cerrar las mismas, según corresponda.

Por otro lado, si bien se produjo un avance en el proceso de estandarización de procedimientos en distintas etapas de gestión, la entidad aún “no cuenta con manuales de procedimientos que contemplen en forma integral la gestión de bienes de consumo, de uso, e intangibles, y, en especial, tareas de control que actualicen los inventarios y su valuación”, por lo tanto, no hay documentación que respalde los importes expuestos en el Balance General.

La AFIP realizó dos inversiones a plazo fijo, pero no aportó antecedentes que evidencien facultades para hacerlas.

Un tercer aspecto está relacionado con la falta de presentación de antecedentes, es decir, al momento de recopilar documentación, la AGN declara no tener la fundamentación o permisos de AFIP para realizar dos distintas operaciones financieras.

Por un lado, la auditada efectuó, en el ejercicio anterior, inversiones en depósitos a plazo fijo en el Banco Nación y en letras del Tesoro Nacional, con fondos originados en dos cuentas bancarias de garantías. El monto adquirido por dichas operaciones fue de $236.7 millones, y fueron registrados en la cuenta “Intereses por Depósitos en Moneda Nacional”. Si bien no hay una prohibición explícita, la AFIP no aportó antecedentes que evidencien facultades para realizar las colocaciones de fondos en cuestión. El informe detalla que este permiso puede existir, pero no fue presentado.

En la misma línea, pero con otro eje, fue registrado un egreso en efectivo por $192.2 millones, bajo el concepto de cancelación de gastos causídicos, es decir, por pago de costos y costas judiciales. Este importe fue correctamente declarado, pero no fue presentado el respaldo documental para justificar dicha operación.

Sistema administrativo

Otros de los hallazgos se refieren a la gestión administrativo financiera. Si bien se destaca un avance en el proceso de estandarización de procedimientos para determinadas instancias, se evidencia la falta de acciones en pos de la integración de cada parte, para optimizar su funcionamiento.

Además, se exponen cuestiones que ya habían sido señaladas en informes anteriores. Por ejemplo, la entidad posee un sistema informático de gestión económica financiera, de nombre SIGMA, que aún no realiza determinadas funciones, como la implementación de conciliaciones y las tareas de revisión de cierre. Esto implicaría la realización manual de dichas tareas.

Por último en cuanto a los sistemas, la entidad auditada no otorgó a la AGN los permisos de acceso al módulo de recursos humanos, impidiendo su revisión, y tampoco brindó información con respecto a la liquidación de haberes.

Juicios

Para revisar los juicios del organismo, se auditó el sistema integral de juicios Atenea – Quaestor. El informe explica que hay deficiencias que afectan “la certidumbre e integridad de los inventarios de causas”, es decir, lo expuesto en los Estados Contables podría verse afectado por el desarrollo de los litigios.

No se contemplaron la actualización monetaria ni los intereses al momento de calcular el monto de los juicios pendientes de definición.

Además, se expone que el sistema referido no constituye una herramienta de seguimiento de los casos, y que la entidad no estableció procedimientos estandarizados de análisis de variaciones de inventarios en las causas judiciales, justificando cambios entre las valuaciones del ejercicio pasado y el actual.

La actualización monetaria y los intereses tampoco se contemplaron al momento de calcular la totalidad del monto de los juicios, por lo que los inventarios y las valuaciones que respaldan los importes de causas judiciales expuestas en el Balance General se encuentran sujetos a posibles ajustes posteriores.

La gravedad de esta circunstancia radica en las altas sumas que pueden implicar estos fallos, ya sea que se definan a favor o en contra, alterando significativamente los valores declarados.

Hallazgos resaltados

El informe concluye con un “Párrafo de Énfasis” en el que la AGN hace hincapié en “información contenida en notas a los Estados Contables”. Según el documento, se exponen allí circunstancias que “generan incertidumbre y que pueden afectar negativamente a la entidad, cuya resolución no puede preverse a la fecha”.

El primero de estos puntos se refiere a préstamos brindados de los gobiernos provinciales a la AFIP para “contribuir a solventar sus gastos”. Los mismos se suscriben al ejercicio 2017 y son registrados como “Acuerdos de financiamiento y colaboración entre el Estado Nacional y la AFIP, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Las únicas provincias exceptuadas son La Pampa y Santa Fe.

El segundo y el tercero de estos hallazgos enfatizados guardan relación: se trata de empresas que prestaron servicios de manera tercerizada a la AFIP y que, al finalizar su contratación, iniciaron juicios contra la agencia tributaria.

En el "párrafo de énfasis" se hace hincapié en procesos legales iniciados por empresas tercerizadas, una vez terminados sus contratos.

Por un lado, el informe detalla que, a la fecha de cierre, se encuentran pendientes de resolución los reclamos judiciales efectuados por empresas prestadoras de servicios de inspección de preembarque de importaciones. Esto impacta en los valores declarados ya que no hay una resolución, y no se puede hacer un cálculo estimado, por lo que tampoco se registró una previsión del monto.

El otro caso proviene de la desvinculación de las contrataciones de sistemas informáticos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y del Sistema Integrado Tributario (SITRIB). Se estableció un monto de acreencia a favor de la entidad, que luego fue apelado, por lo cual “no puede determinarse el resultado final y el impacto que pudiera poseer sobre los actuales Estados Contables”.