En el marco de las distintas auditorías realizadas a las facultades que conforman la Universidad de Buenos Aires (UBA), la sede de Psicología fue evaluada por la Auditoría General de la Nación (AGN) con respecto a su gestión durante el año 2018.

La revisión incluyó la estructura organizativa, la ejecución presupuestaria, las cuentas bancarias, las compras y contrataciones y la gestión académica. Fue realizada entre mayo del 2021 y marzo del 2023.

Entre los puntos señalados por la AGN, se destacan las diferencias entre montos registrados en el sistema universitario contable y lo efectivamente respaldado por la facultad ante la auditoría, además de algunas inconsistencias en la asignación de becas estudiantiles.

Registro y seguimiento de becas

El informe señala también que existen resoluciones aprobadas por el Decano de la Facultad de Psicología que crean y reglamentan estructuras, cuando dicha competencia corresponde, según el Estatuto Universitario de la UBA, al Consejo Superior y al Consejo Directivo.

Las mismas aprueban la estructura organizativa de varias secretarías, como la Secretaría Académica, de Investigaciones, de Posgrado y de Coordinación Administrativa.

Con respecto a las becas estudiantiles, la AGN expone que, a partir de lo auditado, no hay constancias para determinar que los estudiantes carecen de recursos económicos suficientes para realizar sus estudios.

No se encontraron constancias de seguimiento a los alumnos que cuentan con becas estudiantiles.

La institución debería llegar a ese veredicto a partir del informe socioeconómico y/o socioambiental realizado por la Dirección General de Becas, que incluye una entrevista o visita al alumno por parte de una licenciada en Trabajo Social.

Tampoco se encontraron constancias de los controles que realiza este área respecto del seguimiento específico de cada alumno, de acuerdo a la información que otorga quien solicita la ayuda, corroborado con el sistema académico correspondiente al área de alumnos.

Por último, con respecto al control, no consta la planilla/resumen confeccionada por el área en cuestión donde se vuelcan los datos más relevantes de la evaluación académica, ni existe constancia de la actualización realizada una vez por año, como mínimo, de la situación socio-económica del/la alumno/a para ratificar o no la continuidad de la beca.

Diferencias contables

Con respecto a los gastos y el presupuesto, las universidades nacionales utilizan el sistema SIU-Pilagá para su gestión administrativa contable. Desde este repositorio de información, la AGN revisó los registros, cruzando la información con lo otorgado por la auditada.

A partir de ese ejercicio se detectaron diferencias (en los créditos y en los recursos), las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Académica para su conciliación y/o justificación.

También se expusieron inconsistencias en el proceso de compras y contrataciones, ya que se implementó la modalidad de contratación directa por trámite simplificado, siendo este un régimen derogado en el 2016.

La respuesta de la Facultad

Desde la Facultad respondieron a las observaciones realizadas por la AGN. Sobre los procesos de compras y contrataciones directas, explicaron que lo hacen en el marco de la Resolución 8240/13, emanada del Consejo Superior, que autoriza a disponer contrataciones directas para casos excepcionales.

Además se indicó que si no se notificaron cuentas bancarias al Tesoro General de la Nación fue porque la normativa, que exige dicha comunicación, se creó con posterioridad a la apertura de las cuentas en cuestión.

Con respecto a diferencias entre el presupuesto estimado de gastos y el ejecutado "quedó asentado en la contabilidad de la Facultad. Dicho importe se encuentra documentado y fue informado al Rectorado para que se consolide en el balance general de la Universidad de Buenos Aires”.

Otras auditorías

En el último tiempo se trajo al debate la realización (o la supuesta ausencia) de este tipo de revisiones a las distintas instituciones educativas. Es importante destacar que estas auditorías se realizan no sólo desde la AGN, sino también desde las propias facultades, llevando un registro de los hallazgos, junto con las explicaciones brindadas cuando es pertinente, o los compromisos de resolución asumidos cuando la falencia se constata.