Un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el primer año de implementación de la ley 27.351 de electrodependientes sancionada en 2017, reveló falencias en el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) para el período 2018. El informe evidenció distintas inconsistencias vinculadas a la falta de un área específica que pueda controlar la correcta aplicación de la ley, las inconsistencias en la base de datos de usuarios electrodependientes, como así también la dificultad de acceso a las fuentes alternativas de energía.

Cabe aclarar que, según el texto de la normativa, el ENRE no es la autoridad de aplicación, sino que lo es la Secretaría de Energía. Sin embargo, la AGN destacó el rol del ente como protector de los derechos de los usuarios electrodependientes y por lo tanto instó al organismo a mejorar algunos aspectos, entendiendo que dispone de la facultad de publicar información y dar asesoramiento.

Según la ley, se considera electrodependientes a las personas que necesitan un suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipamiento médico para evitar riesgos en su vida o su salud. Dicha persona debe hacer su empadronamiento en el Registro de Electrodependientes (RECS) del Ministerio de Salud, de manera que el servicio eléctrico sea gratuito y esté eximido del pago de los derechos de conexión. El medidor del domicilio tiene que estar debidamente identificado. Por otro lado, las personas electrodependientes pueden pedir un grupo electrógeno a la empresa, conocido como fuente de energía alternativa (FAE) que debe entregarlo y cubrir los costos de funcionamiento. A casi cuatro años de su sanción, hoy en día hay alrededor de 10 mil personas inscriptas en el RECS. 

El periodo auditado abarca desde la sanción de la ley, el 17 de mayo de 2017, hasta el mes de diciembre de 2018, aunque el informe menciona todas las acciones que se sucedieron mientras la AGN realizaba sus tareas de campo, entre octubre de 2018 y febrero de 2020. Entre los hallazgos más destacados está la falta de un área específica vinculadas con el tratamiento y análisis de las cuestiones que afectan a los usuarios electrodependientes, lo que impide que el ENRE resuelva de manera eficiente los conflictos que se generan con las distribuidoras. Por otro lado, encontró inconsistencias en las bases de datos de usuarios y de falta de suministros.

La situación de los electrodependientes

El presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED), Mauro Stefanizzi, que participó de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo de AGN, dialogó con El Auditor y especificó cuál es la situación actual del cumplimiento de la norma. Respecto a la observación de AGN sobre la falta de un área específica, dijo que si bien hoy en día no hay un área llamada electrodependientes, a los fines prácticos se creó una mesa de trabajo con la Coordinación de Gestión de la Intervención con la que se pusieron a trabajar específicamente en el tema. “No está de hecho pero sí en la práctica. Ni bien asumió el (ex) interventor Federico Basualdo nos convocó y empezamos a trabajar en una mesa donde abordamos las cuestiones de las usuarios electrodependientes (UE) e incluso hicimos capacitaciones al personal del ENRE. Se pudo crear la cuenta de fondo solidario, para que el dinero que recaudan a través de multas a EDENOR/EDESUR vaya a los hogares que cuentan con un familiar electrodependiente para que puedan realizar las mejoras internas, obtener el certificado de conformidad de instalación eléctrica y tener la fuente alternativa de energía”, expresó Stefanizzi.

Desde AADED, destacan además otras deficiencias de la normativa que exceden al informe de auditoría mencionado. Actualmente, tres provincias no adhirieron a la ley: Jujuy, Corrientes y Formosa. En las dos primeras, el poder legislativo votó una ley provincial, pero los gobernadores la vetaron; en tanto que en Formosa el tema no se trató en su legislatura. En Córdoba se exige certificado único de discapacidad y sólo pueden llenar el formulario RECS los médicos legistas, lo cual es un impedimento. Por otro lado, en San Luis, Neuquén y Entre Ríos no está reglamentada, en tanto que en Catamarca no se reglamentó la entrega de las fuentes alternativas de energía. Por último, Stefanizzi expresa que en AMBA se reglamentó de manera tal que les imposibilita acceder las fuentes alternativas de energía, ya que se solicita un certificado de conformidad de instalación eléctrica cuyo valor es alto, obligando a hacer remodelaciones en los hogares para obtenerlo.

Jujuy, Corrientes y Formosa no adhirieron a la ley nacional de electrodependientes

Además, expresan que los reclamos no se resuelven en tiempo y forma, las entregas de grupos electrógenos llevan alrededor de dos meses y que hay incongruencias entre las distintas áreas del Estado donde se deben realizar los trámites. “Las mayores incoherencias las vemos en el Ministerio de Salud, donde inicia el trámite. En principio, por las demoras en tramitar los expedientes. Luego, por el poco plazo por el cual se otorga el RECS (que son máximo 2 años, cuando los certificados únicos de discapacidad se otorgan por 5). Por último, hay trámites que se perdieron, que no se saben donde están. Sería importante que se contemplen plazos ‘prudentes’ dentro de los cuales debe expedirse cada área”, detalla Stefanizzi.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la obtención de la Declaración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas (DCI), instancia necesaria para el montaje de los generadores alternativos en los hogares, tiene un costo de sellado y de aval del colegio de técnicos, y no está contemplada su gratuidad en la normativa nacional. Sin embargo, Stefanizzi explica que, aunque no se contemple la gratuidad de ese costo, el acceso a las FAE está dificultado por otros aspectos. “De hecho hay antecedentes, como en el Municipio de Pilar, donde el ENRE facultó al municipio para la emisión del DCI, eliminando el costo del sellado y del colegio de técnicos de la provincia. En el caso de Edenor, para la instalación de medidores prepagos, no se exige. Sin dudas, el certificado podría ser sin costo alguno. Así y todo, el problema de fondo es que para obtenerlo la instalación debe cumplir con ciertos requerimientos como descarga a tierra, pilar de medidas reglamentarias, cajas plásticas, y una enorme cantidad de normas a cumplir, que se traducen en costos operativos muy altos a la hora de tener que materializarlo en obras”, explicó.

Por último, Stefanizzi destacó que la pandemia agudizó todos los problemas que ya tenían los usuarios electrodependientes: desde la falta de insumos, medicamentos, y recursos humanos para las internaciones domiciliarias, hasta el acceso a la FAE. “Sólo el 10% de los electrodependientes podían acceder a las fuentes alternativas de energía, según un censo que realizamos desde la asociación. Y en pandemia, se colocaron muy pocas. Respecto a su funcionamiento, en términos generales es bueno. Tanto EDENOR como EDESUR eligieron baterías de litio y UPS que duran aproximadamente 30 horas dependiendo la cantidad de equipos que tenga la persona. En el caso de otras empresas distribuidoras de energía, como EDELAP, eligieron grupos electrógenos con tablero, que si tienen el mantenimiento adecuado y el hogar cuenta con un ambiente al aire libre, funcionan perfectamente”.