De suyo, el adjetivo “pública”, calificando a una gestión, determina su transparencia. Cuando decimos que la gestión pública es o debe ser transparente, no sólo estamos indicando que ella se puede mostrar porque es clara y está limpia, sino que de hecho se muestra a la sociedad sin distorsiones ni ocultamientos. Una gestión transparente carece de zonas de sombra y pone al alcance del ciudadano, y de la comunidad en general, información comprensible, completa y veraz. En el ideal, la transparencia hace del gobierno una “casa de cristal”.

La transparencia es la lógica del sistema político de la democracia. Como se sabe, las buenas instituciones políticas de la democracia operan a favor de las libertades de opinión y prensa, y el ejercicio amplio de éstas fortalece la calidad de aquéllas. Esta correlación positiva entre instituciones políticas y libertad de expresión activa mecanismos de control social que se manifiestan con exigencias de mayor rendición de cuentas y responsabilidad hacia los agentes públicos. La presencia efectiva de esos valores democráticos y de tales demandas sociales impediría a cualquier funcionario público, por más encumbrado que esté, apelar, para justificar sus actos, al dogma de la “infalibilidad real” que prevaleció durante las monarquías absolutas. “Es legal porque yo lo digo”, desafió Luis XVI a la Asamblea Nacional cuando el duque de Orleáns se atrevió a cuestionarle la validez de un procedimiento legislativo seguido por el monarca de Francia.

No obstante la gran aceptación que tienen las instituciones de la democracia, y la creciente vigencia del control social impulsada por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, es posible encontrar en el seno de la propia administración del Estado reparos y argucias de diversa naturaleza e intensidad cuando se trata de la difusión de determinada información y de que ésta pueda ser evaluada exhaustivamente por el público. Un rasgo de desarrollo democrático es el predominio en las sociedades civiles de una visión que rechaza el gobierno oscuro y la manipulación informativa porque conducen al gobierno irresponsable.

El prestigio y la eficacia de la política requieren que la gestión de gobierno en general, y especialmente en lo financiero, dé cuenta de una conveniente transparencia. La transparencia implica el deber del gobierno de facilitar el conocimiento público de sus actos de gestión, de la forma más completa y entendible que se pueda.

La información y los procedimientos administrativos oficiales claros, coherentes, que se comprenden sin duda ni ambigüedad, son en sí mismos un importante método de prevención de irregularidades y fortalecen la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organismos de gobierno.

El derecho ciudadano a conocer, de primera mano y con certeza, la marcha de los asuntos públicos, presenta su contrapartida en la obligación del gobierno de informar oportuna y honestamente a la sociedad el estado de la administración y economía del país en sus distintas variables.

Hugo Quintana