Si bien los integrantes de la llamada agricultura familiar representan un 5% de la población argentina, solo dos de cada 10 están inscriptos en el Monotributo Social específico de su actividad. 

El dato aparece en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que se señala que, a noviembre de 2016, había unos 47.997 anotados a la cobertura, una cifra que representa el 19,1% del total del Núcleo Agricultor Familiar (NAF), categoría que se usa para designar a la persona o grupo que desarrolla trabajos en el ámbito rural. 

No obstante, aquella proporción (2 sobre 10), podría ser aun menor, si se tiene en cuenta que el total de NAF usado para hacer la comparación data de un censo de 2002 (ver Perla).

El organismo de control reveló que “la desagregación por provincia muestra significativa variabilidad en la proporción de inscriptos: mientras Río Negro y Santa Cruz bordean o superan el 40% (42,9 y 39,2%, respectivamente), en San Luis, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja no superan el 10% (5,6; 5,7; 7,8 y 9,4%, respectivamente)”.

La media nacional de productores inscriptos en el ReNAF es del 46,8%.

A partir de estos datos, la AGN concluyó que “las variaciones interprovinciales, aun dentro de una misma región, indican que las diferencias no obedecen exclusivamente a la proporción de población objetivo del Monotributo Social Agropecuario, sino también a las acciones de la Secretaría de Agricultura Familiar Central (ver Supresión) y de las delegaciones en la difusión (de la cobertura); a la mayor o menor accesibilidad de los agricultores a la información y a la pertenencia a organizaciones de agricultores; entre otros aspectos”.

Perla

¿Cómo sabe el Estado cuántos agricultores familiares hay en el país? Para eso existe el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) en el que los grupos productivos deben anotarse y, de esa manera, acceder a políticas públicas que alienten su actividad.

Pero el ReNAF tiene sus particularidades. Por ejemplo, en un plano ideal, se supone que no debería existir diferencias entre el número de familias inscriptas y la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares identificadas según el censo agropecuario. 

Incluso, la relación podría adaptarse más a la realidad y, contemplando eventuales dificultades de las familias para anotarse en el Registro, se puede pensar que hay más explotaciones identificadas por el Estado que grupos familiares registrados.

Sin embargo, la AGN detectó que en algunas provincias hay más familias inscriptas en el ReNAF que explotaciones agropecuarias.

Estas “importantes inconsistencias” observadas por el organismo de control ocurrieron en Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Juan, donde las coberturas llegaron al 397,9%, 277,8% y 121,5% respectivamente.

¿Por qué? Por la misma razón que en el caso del Monotributo Social Agropecuario: esos números se obtuvieron tras comparar los grupos anotados en el ReNAF hasta 2016 con la cantidad de unidades productivas que están asentadas en el ya citado censo de hace 17 años.

Para la Auditoría, “los análisis fundados (en aquel relevamiento) presentan la dificultad de no encontrarse ajustados al universo actual”.

Asimismo, en el otro extremo aparecen provincias cuyos números son “significativamente inferiores” a la media nacional de cobertura del ReNAF, que está en el 46,8%.

Es el caso de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco y, según la AGN, esto puede ser por una “sobreestimación” de los grupos productivos.  

¿Qué significa sobreestimación? El informe refiere a una “reducción del número” de familias anotadas desde 2002 hasta la actualidad por distintos motivos, “entre ellos la expansión de la producción de soja y/o las (ya sugeridas) dificultades en la captación del ReNAF”.

Según el informe, bajó el número de familias agricultoras a expensas de la producción de soja.

Sobre este punto, la Auditoría remarcó que “importa destacar la expansión de la frontera agrícola durante las últimas décadas del siglo pasado y en el actual”, que generó la “reducción” de explotaciones agropecuarias familiares y la “pérdida de prácticas sustentables, expresada en el aumento de la producción de soja en detrimento del maíz y el tambo, y la adquisición de grandes extensiones por capitales extranjeros en virtud de los precios bajos de la tierra”.

Supresión

El informe, aprobado el año pasado sobre datos de 2016, agregó otra observación: la “supresión” de ocho áreas de la entonces Secretaría de Agricultura Familiar -hoy subsecretaría- diseñadas según las premisas de la Ley de Reparación Histórica de la actividad que, dicho sea de paso, nunca fue reglamentada desde su sanción, en 2014. 

Sobre esto, la AGN enumeró que, entre 2015 y 2016, dejaron de funcionar las direcciones de Ejecución territorial; Planificación, seguimiento y evaluación; Pueblos originarios; Capacitación, género y juventud; Tierra, hábitat y arraigo; Pesca artesanal; Programas para municipios sustentables; y la de Ferias Francas e intercambio regional.

Además, se apuntó que en los primeros meses de 2016 no hubo actividades específicas relacionadas con cuestiones de género ni de acceso a la tierra.